La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este miércoles a Antonio Molina Díaz, quien se desempeñó como Coordinador General de Centros Federales entre 2013 y 2018, por su presunta participación en una trama de corrupción vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente condenado en Estados Unidos.
De acuerdo con la FGR, Molina Díaz habría formado parte de una estructura criminal que operó durante varios años para desviar recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), mediante contratos presuntamente simulados y el uso de empresas fachada. El monto del presunto daño al erario supera los 5 mil millones de pesos.
Las investigaciones señalan que el exfuncionario suscribió contratos relacionados con la construcción de ocho centros penitenciarios federales ubicados en distintos estados del país, obras que forman parte de la expansión penitenciaria impulsada durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fuerzas del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante el operativo se aseguraron dólares y pesos en efectivo; además, otras versiones señalan que también le fueron encontrados teléfonos celulares e identificaciones presuntamente apócrifas.
Según la fiscalía, Molina Díaz habría operado junto con otros colaboradores y empresarios relacionados con la red financiera atribuida a García Luna, que es investigada por el presunto desvío de recursos públicos mediante triangulaciones nacionales e internacionales.
La detención se suma a otras acciones emprendidas por la FGR contra exfuncionarios del sistema penitenciario federal vinculados al entorno de García Luna. Apenas en enero pasado fue capturado otro excomisionado del OADPRS por hechos relacionados con contratos que habrían servido para canalizar recursos públicos hacia empresas ligadas al exsecretario de Seguridad.
Molina Díaz fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, donde quedó a disposición de un juez federal que determinará su situación jurídica.
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