Especialistas en materia penal, procuración de justicia y derechos humanos urgieron a incorporar cámaras corporales, sistemas de geolocalización y videograbación obligatoria en las actuaciones policiales y ministeriales para combatir abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.
Durante el foro “Máxima publicidad como garantía de derecho con enfoque en tecnología”, realizado en la Cámara de Diputados e impulsado por la diputada Laura Hernández García, los participantes coincidieron en que la transparencia tecnológica puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
Opacidad alimenta malas prácticas, advierten
El juez en retiro Daniel Venegas señaló que las irregularidades en las investigaciones y las detenciones simuladas continúan afectando tanto a personas imputadas como a víctimas debido a la falta de mecanismos efectivos de supervisión.
“Mientras haya opacidad, las malas prácticas van a continuar. Si por el contrario, generamos luz, damos visibilidad a todas estas prácticas institucionales, ello por sí mismo constituye una forma de disuasión”, afirmó.
El especialista propuso que la legislación contemple el uso obligatorio de tecnología para documentar la actuación de las corporaciones de seguridad.
“No me digan que el Estado no podría tener ‘body cams’, no me digan que no debería ser establecido en la legislación que las patrullas tengan un sistema GPS”, aseveró.
Videograbación no sustituye la profesionalización
Por su parte, la jueza en retiro Magdalena Victoria Oliva consideró que la videograbación es una herramienta necesaria, pero insuficiente para resolver los problemas estructurales del sistema de justicia.
“La demanda de la videograbación no nace del deseo de vigilar al servidor público. Nace de la necesidad de proteger los derechos humanos de todos los involucrados”.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la carrera ministerial y mejorar los procesos de selección y capacitación de los operadores de justicia.
“Cuando el Estado invierte en profesionalización, la calidad institucional se multiplica. Cuando se seleccionan a los mejores perfiles, los resultados aparecen”.
Piden eliminar los “puntos ciegos” en investigaciones
La exministerio público Graciela Martínez sostuvo que la transparencia debe abarcar todas las etapas de la actuación policial y ministerial para evitar espacios de discrecionalidad.
“Lo que no se registra, no existe jurídicamente. Sin trazabilidad no hay legalidad. La transparencia no debilita el Estado, lo legítima”.
Explicó que la propuesta denominada “máxima publicidad 360” busca establecer mecanismos verificables y auditables que permitan reconstruir cada actuación de las autoridades.
Proponen grabar entrevistas a menores desde el primer contacto
La docente y exdirectiva de “Sinergia Academia”, Patricia Vázquez, planteó que todas las entrevistas realizadas a niñas, niños y adolescentes sean videograbadas desde el primer acercamiento con las autoridades.
“Videograbemos desde el momento uno, lo que ese niño nos va a decir, y entonces evitemos que tengamos una manipulación de la entrevista”.
Indicó que para lograrlo es necesario reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de garantizar que dichos registros tengan plena validez jurídica y protejan a los menores frente a posibles abusos.
Derechos humanos ya cuentan con herramientas suficientes
A su vez, el abogado Paulo César Pérez Cuevas sostuvo que el marco internacional de derechos humanos ya ofrece instrumentos para supervisar la legalidad de las detenciones y proteger la dignidad de las personas, aunque lamentó que no siempre se apliquen.
“Si el derecho se basa en principios, documentar no significa sólo escribir, sino que abre la puerta para que la documentación sea en cualquiera de sus formas, videograbaciones, testigos que sean idóneos, que digan la verdad, policías que digan la verdad”.
Y concluyó:
“Como dice Ronald Dworkin, no es un problema de reformas, sino tomar los derechos en serio”.
Los especialistas coincidieron en que el uso de cámaras corporales, videograbaciones y sistemas de seguimiento tecnológico permitiría reducir la opacidad en las actuaciones policiales, fortalecer la rendición de cuentas y brindar mayores garantías tanto a víctimas como a personas sujetas a procesos penales.
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