El diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera presentó una iniciativa para garantizar por ley que las personas trabajadoras del sector público cuenten con espacios adecuados, higiénicos, seguros y dignos para la ingesta de alimentos durante su jornada laboral.
La propuesta plantea adicionar un artículo 31 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, con el propósito de reconocer expresamente este derecho y establecer la obligación de que los centros de trabajo dispongan de áreas destinadas para tal fin.
De acuerdo con la iniciativa, el uso de estos espacios será voluntario y no afectará la organización ni la prestación de los servicios en las dependencias y entidades públicas.
El proyecto, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sostiene que el concepto de trabajo digno no solo implica salario y prestaciones, sino también condiciones que protejan la salud, seguridad y desarrollo integral de las personas durante su jornada laboral.
En la exposición de motivos, el legislador de Movimiento Ciudadano advierte que la legislación vigente no contempla de manera expresa el derecho de las y los trabajadores a contar con condiciones adecuadas para consumir sus alimentos, ni obliga a las instituciones públicas a habilitar espacios específicos para ello.
Sánchez Rivera señaló que, en la práctica, miles de trabajadores deben buscar por cuenta propia un lugar donde comer, enfrentándose en muchos casos a la falta de mesas, sillas o áreas apropiadas dentro de sus centros laborales.
Esta situación, explicó, obliga frecuentemente a consumir alimentos en espacios inadecuados como pasillos, escaleras, áreas improvisadas e incluso baños, condiciones que afectan la salud, la dignidad y el bienestar de las personas servidoras públicas.
“El acceso a condiciones mínimas para la ingesta de alimentos no debe depender de la voluntad o capacidad de cada empleador, sino estar garantizado por la ley”, argumenta la iniciativa.
La propuesta establece que los espacios destinados para este fin deberán cumplir criterios básicos de seguridad, higiene y dignidad, considerando las características y necesidades particulares de cada centro de trabajo.
El diputado afirmó que contar con áreas adecuadas para la alimentación contribuye a generar entornos laborales más seguros y ordenados, además de fortalecer la salud física y mental de las personas trabajadoras.
Añadió que garantizar este derecho favorece una mejor concentración, incrementa el rendimiento laboral y refuerza el respeto a la dignidad humana dentro de las instituciones públicas.
La iniciativa también busca impulsar una cultura de respeto a los derechos laborales y fomentar relaciones de trabajo más justas, al establecer estándares mínimos obligatorios para todos los centros de trabajo del sector público, sin importar su tamaño o actividad.
De ser aprobada, la reforma convertiría en una obligación legal la existencia de espacios destinados a la alimentación de las y los trabajadores del Estado, una demanda que, según el promovente, forma parte de las condiciones básicas que debe garantizar cualquier entorno laboral digno.
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