El Gobierno de México presentó este miércoles la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio, una reforma que busca unificar la investigación y sanción de este delito en las 32 entidades del país, endurecer las penas hasta 70 años de prisión, hacer imprescriptible el feminicidio, prohibir beneficios legales para los agresores y fortalecer los derechos de las víctimas, incluidos los hijos de mujeres asesinadas.
La iniciativa, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y enviada al Congreso de la Unión, deriva de la reforma constitucional aprobada el pasado 6 de mayo, que otorgó facultades al Poder Legislativo para expedir una legislación general en la materia.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, sostuvo que el objetivo es poner fin a la disparidad jurídica que existe entre los estados y corregir las deficiencias que han obstaculizado el acceso a la justicia.
«Existían tipos penales fragmentados. Los 32 estados regulaban el feminicidio de forma diferente respecto a los elementos del tipo penal, las razones de género, las agravantes y también las penas.»
Señaló que esa falta de uniformidad ha provocado investigaciones deficientes, pérdida de evidencia y la clasificación de feminicidios como homicidios dolosos.
«Había deficiencias en los procesos de investigación, incorrecta clasificación de delitos violentos, ausencia de estándares con perspectiva de género que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios.»
Un solo tipo penal para todo el país
La propuesta establece una definición única del delito de feminicidio y fija una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión. También incorpora 10 razones de género para acreditar el delito y 19 agravantes, entre ellas cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, embarazada, tenga discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o cuando el crimen sea cometido por un servidor público.
Asimismo, sanciona la tentativa de feminicidio y contempla consecuencias adicionales para los responsables, como la pérdida de la patria potestad, tutela, guarda y custodia, derechos sucesorios e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La reforma también elimina cualquier posibilidad de reducir la responsabilidad penal.
«No proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada y tampoco, en ningún caso, la vía de la amnistía», afirmó Alcalde.
Además, establece que el delito, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles.
Investigación obligatoria con perspectiva de género
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres de la FGR, Maribel Bojórgez Beltrán, explicó que la iniciativa obliga a todas las autoridades del país a investigar los feminicidios bajo estándares homogéneos.
«En casos de feminicidio existe una obligación de investigar con debida diligencia de forma reforzada.»
La ley prevé protocolos obligatorios que incorporen perspectiva de género, análisis del contexto de violencia, preservación de indicios y coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Además, dispone que la fiscalía especializada que inicie una investigación deberá mantenerse al frente del caso durante todo el proceso penal para evitar cambios de criterio o interrupciones.
«La unidad o fiscalía especializada que hubiera iniciado la investigación deberá intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal.»
La propuesta también obliga a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a contar con unidades especializadas integradas por ministerios públicos, policías de investigación y peritos capacitados en feminicidio, derechos humanos y atención a víctimas.
Reparación integral y protección para hijos de las víctimas
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, destacó que uno de los ejes de la iniciativa es fortalecer los derechos de las víctimas directas e indirectas.
«Esta ley general no sólo tiene aspectos de la investigación, sino también todo lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas.»
Entre los derechos reconocidos se encuentran el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de emergencia, asistencia jurídica gratuita, restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción para comunidades indígenas.
La funcionaria enfatizó que la reparación del daño deberá ser integral y enfocada en restablecer los derechos de las familias.
«La reparación integral del daño deberá ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional.»
Registro nacional para menores en orfandad
Como parte de la estrategia, el proyecto crea el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, con el propósito de identificar y brindar atención integral a los menores que pierden a sus madres por este delito.
«Es muy importante conocer cuántos son, dónde están y poderles brindar toda la protección y la atención del Estado», señaló Gómez Saracíbar.
La funcionaria indicó que esta política se apoyará en la red de Centros LIBRE, Centros de Justicia para las Mujeres, refugios especializados, la Línea 079 opción 1 y una red nacional de casi mil 200 abogadas para acompañar a las familias.
Llaman a evitar la revictimización
La iniciativa también incorpora obligaciones para los medios de comunicación y plataformas digitales, a fin de evitar la difusión de imágenes o contenidos que vulneren la dignidad de las víctimas y de sus familiares.
«Una cosa es informar y la otra es hacer apología de la violencia con imágenes y contenidos que devalúan o degradan la dignidad de los deudos y de las propias víctimas.»
Además de homologar el delito y endurecer las sanciones, la propuesta contempla campañas permanentes de prevención, actualización de protocolos, fortalecimiento de los registros nacionales y una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia feminicida.
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