El Gobierno federal aseguró que Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ordenó y financió el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, porque el grupo criminal consideraba que sus acciones y discurso contra las extorsiones y el control territorial representaban una “provocación” que afectaba sus intereses en Michoacán.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la investigación federal concluyó que la organización criminal decidió eliminar al edil después de que éste mantuviera una postura pública de confrontación contra el crimen organizado y denunciara de manera constante el cobro de piso y las presiones ejercidas por grupos delictivos en la región.
Las investigaciones señalan que el CJNG logró infiltrar a personas cercanas al presidente municipal para conocer su agenda, rutas y esquema de seguridad antes del atentado ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Samuel “N”, trabajador del Ayuntamiento y colaborador cercano de Manzo, presuntamente entregó información sobre las actividades, desplazamientos y medidas de seguridad del alcalde a integrantes de la organización criminal.
Asimismo, mensajes intervenidos muestran que Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, coordinador operativo del atentado, recibía reportes en tiempo real sobre la ubicación del edil. En una de las conversaciones, uno de los involucrados refiere que había alguien que “anda al pie de la persona”, en alusión a un informante que seguía permanentemente a la víctima para reportar cada uno de sus movimientos.
García Harfuch sostuvo que el análisis de comunicaciones, registros telefónicos, movimientos financieros, entrevistas e intervenciones autorizadas por un juez permitió establecer que “El R1” tomó la decisión, planeó y financió el homicidio, por lo que fue identificado como el principal autor intelectual del crimen. Incluso, las investigaciones indican que el entonces líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tenía conocimiento del plan, aunque las autoridades atribuyen la planeación directa a “El R1”.
Hasta ahora, las autoridades reportan 31 personas detenidas y vinculadas a proceso por su presunta participación en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato, entre ellas autores materiales, reclutadores, operadores logísticos y colaboradores de la organización criminal.
Captura de “El R1”
Como resultado de meses de trabajos de inteligencia, fuerzas especiales del Ejército y personal de la SSPC capturaron a Ramón Ángel “N” en Atotonilco El Alto, Jalisco, durante un operativo en el que también fue detenido Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”.
Durante el despliegue, integrantes del círculo de seguridad del presunto líder criminal atacaron a las fuerzas federales, lo que derivó en un enfrentamiento en el que uno de los agresores murió. Además, fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos y vehículos.
El Gobierno federal atribuye a la célula encabezada por “El R1” delitos como narcotráfico, tráfico de armas, homicidios, extorsión y cobro de piso a productores de limón y aguacate, comerciantes, transportistas y ganaderos en Michoacán y Jalisco.
También lo relacionan con el feminicidio de Valeria Márquez
Durante el mismo informe, Omar García Harfuch reveló que las investigaciones también vinculan a la organización encabezada por “El R1” con el feminicidio de Valeria Márquez, cometido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.
El funcionario señaló que el caso está relacionado con Francisco “N”, ex pareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel “N”. De acuerdo con las investigaciones federales, el joven mantenía una relación conflictiva con Valeria, la habría amenazado previamente y presuntamente solicitó a su padre ordenar el crimen. Francisco “N” permanece prófugo.
La SSPC no informó sobre nuevas órdenes de aprehensión derivadas de ese expediente ni precisó si existen nuevas imputaciones contra otros integrantes de la organización criminal.
Sedena se deslinda de escuelas militarizadas
En la misma conferencia, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la dependencia no tiene ninguna relación con las escuelas militarizadas que operan en el país y advirtió que el uso de uniformes, insignias, divisas y distintivos exclusivos de las Fuerzas Armadas sin autorización constituye un delito.
El pronunciamiento ocurre tras la muerte de la adolescente Dafne Zapata durante un curso de verano en una academia militarizada de Tamaulipas, caso que motivó una revisión nacional y la decisión de la Secretaría de Educación Pública de retirar el reconocimiento oficial a planteles de ese tipo.
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