Después de casi dos décadas sometida a proceso penal sin recibir sentencia, Brenda Quevedo Cruz obtuvo el retiro del brazalete electrónico y el fin de la prisión domiciliaria, por lo que podrá continuar en libertad el juicio que enfrenta por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.
La determinación fue tomada después de una audiencia que se prolongó durante casi 12 horas. El encargado del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Juan Alfredo Buendía, modificó las medidas cautelares que pesaban sobre Quevedo.
La resolución no significa que el proceso penal haya concluido ni constituye una absolución. Quevedo continuará sujeta al juicio, pero ya no permanecerá bajo resguardo domiciliario ni tendrá que portar el dispositivo electrónico colocado en su tobillo.
De acuerdo con reportes periodísticos sobre la resolución, deberá presentarse periódicamente a firmar ante la autoridad judicial.
De la cárcel al resguardo domiciliario y ahora a la libertad
Quevedo había conseguido en junio de 2024 que un juez federal sustituyera la prisión preventiva que cumplía desde hacía más de 15 años por resguardo domiciliario, vigilancia policiaca y un localizador electrónico.
Desde entonces permanecía en su domicilio bajo restricciones de movilidad.
La nueva determinación judicial representa un cambio sustancial: elimina las principales medidas restrictivas de su libertad mientras continúa abierto el expediente penal.
Casi dos décadas sin sentencia por el Caso Wallace
Brenda Quevedo está procesada por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en 2005.
El caso se convirtió durante años en uno de los expedientes de secuestro de mayor exposición pública en México, impulsado principalmente por Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto.
Quevedo fue señalada desde 2006 y detenida posteriormente. Pese al tiempo transcurrido, su situación jurídica continúa sin una sentencia definitiva, circunstancia que ha colocado nuevamente el expediente bajo escrutinio público y judicial.
Su defensa ha denunciado durante años irregularidades en el procedimiento, así como actos de tortura y violaciones al debido proceso. Organizaciones jurídicas y de derechos humanos se sumaron recientemente a los reclamos para revisar su situación legal.
Caso Brenda Quevedo llegó nuevamente al centro del debate judicial
El expediente tomó nuevo impulso durante las últimas semanas.
El Tribunal de Disciplina Judicial suspendió temporalmente en julio a un juez de distrito ante posibles irregularidades relacionadas con la atención de solicitudes médicas de Quevedo. El propio Tribunal aclaró que la suspensión era preventiva y no implicaba responsabilidad ni una sanción definitiva.
Días antes de la nueva resolución, la situación de Quevedo también había llegado a la conferencia presidencial.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 16 de julio compromisos para revisar su caso después de ser cuestionada sobre las restricciones impuestas a la procesada y las denuncias relacionadas con su atención médica.
La batalla judicial no termina
La eliminación del brazalete y del resguardo domiciliario modifica las condiciones bajo las cuales Brenda Quevedo enfrentará el proceso, pero no pone punto final al Caso Wallace.
La causa penal permanece abierta y la justicia federal todavía deberá resolver el fondo de las acusaciones.
Por ahora, después de años en prisión y posteriormente bajo vigilancia domiciliaria, Quevedo podrá enfrentar en libertad uno de los procesos judiciales más prolongados y controvertidos de las últimas dos décadas en México.
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