Morena propuso endurecer las sanciones contra servidores públicos y particulares que participen en fraudes relacionados con obra pública, ante casos en los que proyectos aparecen oficialmente como concluidos aunque nunca hayan sido ejecutados.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez informó que presentó una iniciativa para modificar los artículos 214, 217, 223 y 224 del Código Penal Federal, con el objetivo de elevar las penas contra funcionarios involucrados y agilizar la atención de las denuncias.
La propuesta, explicó, pretende castigar tanto a servidores públicos que simulen obras como a empresarios o constructores que participen en esos esquemas.
“Basta de robarle al pueblo de México, basta de robarle el dinero y los recursos al pueblo de Chiapas y de Tuxtla Gutiérrez”, afirmó.
Denuncia calles que sólo existen ‘en el papel’
Santiago Rodríguez sostuvo que la iniciativa surgió a partir de denuncias en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde, aseguró, existen cientos de vialidades que en registros oficiales aparecen como pavimentadas, repavimentadas o con servicios de drenaje y agua, aunque en los hechos permanecen sin atender.
“En el papel aparecen pavimentadas, repavimentadas, que ya se les dio drenaje, agua, y en la realidad son puras piedras”, acusó.
El legislador señaló que algunas de esas calles llevan más de dos décadas sin intervención, pese a que supuestamente se asignaron recursos para su rehabilitación.
Afirmó que esos recursos públicos habrían sido desviados, por lo que consideró necesario crear herramientas penales más severas para perseguir la simulación de obra.
Busca sancionar también a empresas involucradas
La iniciativa no se limitaría a responsabilidades de funcionarios.
Santiago Rodríguez planteó que las sanciones alcancen también a contratistas, empresarios y constructoras que colaboren en la simulación de trabajos o en operaciones fraudulentas vinculadas con recursos públicos.
El morenista sostuvo que este tipo de prácticas generan una doble afectación: el desvío del dinero público y la falta de infraestructura que originalmente debía beneficiar a comunidades y colonias.
“Faltaba el dinero porque sobraban rateros”, lanzó.
Pide castigo ejemplar por desvíos
El diputado afirmó que la reforma busca cerrar espacios a prácticas de corrupción que permiten reportar obras inexistentes o inconclusas como terminadas.
También planteó que las investigaciones puedan avanzar con mayor rapidez una vez que existan denuncias por posibles irregularidades.
“Pedimos castigo ejemplar a todas aquellas personas que se presten al fraude en obra pública”, sostuvo.
Pone a Tuxtla como origen de la iniciativa
Santiago Rodríguez presentó el caso de Tuxtla Gutiérrez como el detonante de su propuesta legislativa.
Aseguró que buscará una “lucha frontal” contra lo que denominó “calles fantasma”, es decir, infraestructura que aparece reportada administrativamente como construida o rehabilitada sin que los trabajos correspondan con la realidad.
El diputado sostuvo que el objetivo es fortalecer las herramientas penales contra actos de corrupción vinculados con contratación, ejecución y comprobación de obra pública.
La iniciativa deberá ser analizada en comisiones de la Cámara de Diputados antes de que pueda ser discutida y votada por el Pleno.
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