El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) informó que, tras una reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se acordó dejar sin efectos el acuerdo que regula la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, medida que provocó un paro de labores y protestas en distintas entidades del país.
El anuncio sindical representa un avance para los trabajadores que exigían retirar los nuevos lineamientos por considerar que podían afectar su estabilidad laboral, antigüedad y permanencia en sus plazas.
Sin embargo, hasta la información pública consultada, no se ha confirmado la publicación de una resolución formal del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que deje sin efectos el acuerdo, por lo que el anuncio del sindicato debe distinguirse de su cancelación jurídica definitiva.
Acuerdo surge tras paro de trabajadores del Poder Judicial
El conflicto comenzó luego de que el OAJ publicara el 5 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo general que establece el nuevo proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.
La disposición desató inconformidad entre secretarios, actuarios y oficiales judiciales, quienes denunciaron que el mecanismo podía abrir la puerta a decisiones discrecionales y poner en riesgo sus derechos laborales.
El viernes 6 de noviembre, trabajadores del Poder Judicial suspendieron actividades y realizaron movilizaciones en la Ciudad de México y al menos 17 estados del país, para exigir que la autoridad administrativa retirara los lineamientos.
Hugo Aguilar interviene ante inconformidad sindical
En medio del conflicto, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo reuniones con Jesús Gilberto González Pimentel, dirigente del STPJF, y Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal.
Durante los encuentros, el ministro presidente ofreció abrir canales de diálogo para encontrar una solución, en coordinación con el OAJ.
Aguilar Ortiz sostuvo que las evaluaciones no deben utilizarse como mecanismos de sanción, sino para fortalecer las capacidades del personal judicial.
La Suprema Corte también reconoció que las decisiones institucionales requieren diálogo con los trabajadores, particularmente cuando existen preocupaciones sobre sus consecuencias laborales.
¿Qué establecía la evaluación del Poder Judicial?
El acuerdo publicado en el DOF contempla un esquema de evaluación en el que el examen de conocimientos representa 40 por ciento de la calificación, mientras que el 60 por ciento restante corresponde a indicadores relacionados con rendimiento, desempeño profesional y capacitación.
Los trabajadores cuestionaron especialmente la participación de sus superiores jerárquicos en la valoración del desempeño, al considerar que podría generar decisiones subjetivas o represalias laborales.
El OAJ había defendido el proceso al señalar que las primeras evaluaciones, programadas para diciembre de 2026, serían exclusivamente diagnósticas, sin efectos inmediatos sobre la permanencia del personal.
No obstante, el mecanismo ordinario contempla consecuencias para evaluaciones posteriores, lo que alimentó la inconformidad sindical.
Pendiente, formalizar cancelación del acuerdo
El anuncio del sindicato abre una nueva etapa en el conflicto laboral del Poder Judicial, después de las movilizaciones que afectaron actividades en juzgados y tribunales federales.
La atención se concentra ahora en la decisión formal que adopte el Órgano de Administración Judicial, responsable de emitir los lineamientos cuestionados, y en sus efectos sobre los exámenes previstos para diciembre.
La eventual cancelación del acuerdo permitiría abrir la discusión sobre un nuevo mecanismo de evaluación que concilie las obligaciones de la carrera judicial con la protección de los derechos laborales.
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