La diputada federal Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa para obligar a los centros penitenciarios del país a brindar atención psicológica y psiquiátrica a las mujeres privadas de la libertad, además de establecer protocolos permanentes para prevenir suicidios y autolesiones.
La propuesta busca reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para garantizar que las internas sean evaluadas en materia de salud mental desde su ingreso a prisión y reciban seguimiento médico periódico durante su estancia.
La legisladora plantea que las autoridades penitenciarias estén obligadas a identificar factores de riesgo, intervenir de inmediato ante posibles conductas suicidas y canalizar a las pacientes a instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud cuando sea necesario.
Además, la reforma establece que las personas con enfermedades mentales graves no podrán ser sometidas a aislamiento, como parte de las medidas para proteger su integridad física y psicológica. Gaceta Parlamentaria
Advierten abandono y riesgos de suicidio en cárceles femeniles
En la exposición de motivos, Ballesteros Mancilla advierte que las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones que pueden deteriorar su estabilidad emocional, como el aislamiento, la separación de sus hijos, el abandono familiar, la pérdida de redes de apoyo y los antecedentes de violencia.
A estas circunstancias se suman el distanciamiento de sus parejas, el rechazo social y las condiciones de vulnerabilidad asociadas al encarcelamiento.
La legisladora retoma señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las deficiencias en la atención de la salud mental en los centros penitenciarios femeniles, donde se han identificado carencias de especialistas, instalaciones, recursos y espacios adecuados.
El organismo también ha documentado problemas relacionados con autoagresiones y pensamientos suicidas entre mujeres internas, asociados, entre otros factores, al abandono familiar y la ruptura de vínculos afectivos.
La iniciativa recuerda, además, que en 2023 se registraron 13 suicidios en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, lo que motivó la Recomendación 276/2023 de la CNDH sobre deficiencias en la protección de la salud y la vida de las internas. Gaceta Parlamentaria
Proponen atención psicológica obligatoria desde el ingreso a prisión
La reforma contempla adicionar disposiciones a los artículos 36 y 43, así como modificar la fracción I del artículo 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Con estos cambios, las autoridades penitenciarias deberán garantizar valoraciones periódicas de salud mental, atención especializada y protocolos de prevención, detección y atención del riesgo suicida.
Los servicios médicos también deberán realizar campañas permanentes de prevención del suicidio, mientras que las autoridades estarán obligadas a dar seguimiento a los casos identificados y coordinarse con instituciones públicas de salud cuando los centros penitenciarios carezcan de capacidad para atenderlos.
La atención deberá ofrecerse con perspectiva de género, confidencialidad, consentimiento informado y respeto a la dignidad humana.
Prohibirían aislamiento a internas con enfermedades mentales graves
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es impedir el aislamiento de personas que padezcan enfermedades mentales graves, así como fortalecer los mecanismos de intervención médica ante situaciones de crisis.
Ballesteros Mancilla sostiene que la atención psicológica no debe limitarse a consultas ocasionales o respuestas posteriores a un intento suicida, sino formar parte de una estrategia permanente de prevención.
La diputada también propone considerar las consecuencias de la violencia de género y sexual, la maternidad, la separación de hijas e hijos y los antecedentes de violencia en las evaluaciones de salud mental.
El objetivo, señala la iniciativa, es preservar la vida y la integridad de las mujeres bajo custodia del Estado, garantizar su derecho a la salud y fortalecer las condiciones para su reinserción social.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictaminación.
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