El escándalo por presuntos negocios millonarios dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) llegó a la Fiscalía General de la República (FGR). El organismo electoral presentó una denuncia para investigar posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos y contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, mientras su Contraloría interpuso otras seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras.
La ofensiva legal ocurre después de la difusión de grabaciones que exhiben conversaciones entre la expresidenta del INE y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, en las que se mencionan porcentajes, cantidades millonarias y ganancias relacionadas con contratos electorales.
De acuerdo con fuentes, Taddei y Hernández Casillas figurarían entre las personas involucradas en las denuncias presentadas por el Órgano Interno de Control (OIC), encabezado por Víctor Hugo Carvente Contreras.
Las posibles conductas denunciadas incluyen cohecho, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones, aunque corresponderá a la FGR determinar quiénes son los responsables y si existen elementos para proceder penalmente.
De las grabaciones a las denuncias penales contra Taddei
El caso cobró fuerza tras una investigación de Latinus, que difundió videos de reuniones entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, contratista vinculado con suministros y servicios del organismo electoral.
Una grabación fechada el 16 de febrero de 2026 muestra al empresario realizando cálculos sobre montos asociados con la producción de credenciales para votar.
En uno de los fragmentos, Hernández Casillas afirma:
“Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar”.
El proveedor también habla de un esquema de distribución de ganancias en el que menciona una proporción de 70 por ciento para un empresario identificado como Ramón Mondragón y 30 por ciento para él y su grupo.
En la conversación se hace referencia a una base cercana a 48 millones de dólares y a negocios relacionados con la autenticación de credenciales y códigos QR.
Las imágenes colocaron bajo cuestionamiento la relación entre la entonces presidenta del Instituto y un particular interesado en contratos públicos. No obstante, las grabaciones requieren valoración ministerial para establecer si prueban la comisión de algún delito.
Empresarios y contratos del INE bajo la lupa
La investigación no se limita a la actuación de Taddei. También apunta hacia las relaciones entre funcionarios electorales y empresas contratistas que obtuvieron adjudicaciones para suministrar materiales y prestar servicios.
Uno de los contratos señalados públicamente corresponde a la producción de credenciales para votar, adjudicado en diciembre de 2025 por un monto máximo reportado de 71 millones de dólares y con vigencia hasta 2031.
Las grabaciones difundidas por Latinus mencionan además operaciones relacionadas con la autenticación de credenciales y la participación de empresas vinculadas con servicios tecnológicos.
José Alfredo Hernández Casillas, personaje central
El empresario aparece como una figura recurrente en los reportajes sobre contratos del INE. Su cercanía con Taddei quedó expuesta en grabaciones de encuentros privados y conversaciones sobre negocios relacionados con el organismo.
Nuevos videos divulgados el 6 de noviembre, según información retomada por El Universal, incluyen presuntas amenazas y actos de presión en el entorno de esa relación.
Estos elementos podrían convertirse en líneas de investigación para la autoridad ministerial, siempre que se incorporen y valoren conforme a los procedimientos legales.
Contraloría presenta seis denuncias ante FGR
El titular del OIC del Instituto, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que presentó seis denuncias penales por posibles irregularidades cometidas por servidores públicos y particulares.
Las acciones legales buscan esclarecer si existieron decisiones administrativas indebidas, beneficios ilegales o prácticas que comprometieran la imparcialidad de las contrataciones.
El informe del órgano fiscalizador representa un frente distinto de la denuncia institucional anunciada por el INE, aunque ambos procedimientos tienen como telón de fondo los cuestionamientos al ejercicio del gasto público electoral.
ASF revisará diez años de contratos del INE
El Consejo General del INE acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados entre 2016 y 2026.
La decisión contempla conservar expedientes físicos y electrónicos, integrar un inventario de contrataciones, revisar el padrón de proveedores y habilitar mecanismos para recibir información sobre posibles irregularidades.
Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey demandó reforzar la vigilancia del gasto y sostuvo que la revisión debe impedir que queden contratos sin examinar.
Por separado, la ASF anunció investigaciones sobre adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 por el INE, el desaparecido Instituto Federal Electoral y los organismos públicos locales electorales.
INE promete cero tolerancia, sin importar cargos ni gestiones
En su posicionamiento institucional, el INE aseguró que la denuncia ante la FGR responde a su obligación de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.
El organismo sostuvo que las investigaciones deberán desarrollarse sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión.
La decisión representa una prueba para la nueva conducción del Instituto, encabezada provisionalmente por Blanca Yassahara Cruz García, ante los cuestionamientos derivados de las contrataciones y la salida de Taddei de la presidencia.
FGR deberá esclarecer si hubo delitos y quiénes participaron
La Fiscalía tendrá que determinar si las relaciones entre funcionarios y proveedores derivaron en actos ilegales, si existieron beneficios particulares y si las decisiones sobre contratos públicos vulneraron la legislación.
También deberá establecer qué personas intervinieron en las operaciones cuestionadas y cuáles fueron sus responsabilidades.
La presentación de denuncias no acredita por sí misma culpabilidad. Sin embargo, abre un proceso de investigación sobre la administración de recursos del árbitro electoral y sus mecanismos de control, en un momento clave para la organización de las elecciones de 2027.
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