La diputada federal Margarita García García, del PT, exigió una investigación nacional dentro de Caminos y Puentes Federales (Capufe) ante la presunta participación de trabajadores de casetas de peaje en redes vinculadas con el robo a transportistas.
La legisladora sostuvo que existen indicios de posible colaboración entre empleados de Capufe, autoridades municipales e integrantes de grupos criminales, particularmente en corredores carreteros entre Puebla y Veracruz.
“Es grave lo que está sucediendo y necesitamos una respuesta inmediata”, afirmó.
García vinculó sus señalamientos con el denominado Operativo Enjambre, que este mes llevó a autoridades federales y estatales a ejecutar 23 cateos y detener a nueve personas en Esperanza, Puebla, entre ellas al presidente municipal en funciones. Las autoridades señalaron a los detenidos por su presunta relación con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga y otros delitos.
Pide investigar filtraciones a bandas de asaltantes
La petista aseguró que trabajadores de casetas habrían facilitado actividades criminales mediante vigilancia y filtración de información sobre el tránsito de unidades.
Esas acusaciones corresponden a los señalamientos de la legisladora. Los comunicados oficiales consultados sobre el Operativo Enjambre confirman investigaciones y detenciones relacionadas con robo de carga y posibles redes de protección municipal, pero no detallan en esos documentos una responsabilidad penal acreditada de personal de Capufe.
García García pidió al director general de Capufe, Carlos Arceo Castañeda, ordenar una revisión profunda del personal que opera casetas y carreteras a cargo del organismo.
Arceo Castañeda ocupa la Dirección General de Capufe desde el 1 de febrero de 2026.
“Que se investigue y que caiga quien caiga, ya sean presidentes municipales, regidores, activistas, trabajadores”, demandó.
Propone rotar personal y aplicar controles de confianza
Como parte de las medidas para cerrar espacios a posibles redes de corrupción, García García anunció que presentará un exhorto dirigido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a Capufe.
La propuesta plantea establecer un programa obligatorio de rotación de trabajadores en casetas consideradas de alto riesgo.
También solicita aplicar exámenes de control de confianza a personal de plazas de cobro para detectar posibles vínculos con organizaciones criminales.
La diputada argumentó que estas medidas deben concentrarse inicialmente en corredores donde existen elevados riesgos para operadores de carga.
Foco en corredor Puebla-Veracruz
El tramo carretero de Puebla hacia Veracruz ha sido objeto de distintos operativos de seguridad durante 2026.
El Gobierno de Puebla reportó que en el tramo Amozoc-Esperanza de la autopista México-Orizaba se registraron 184 reportes de robo de transporte de carga entre enero y julio de 2026, frente a 672 durante 2024 y 632 en 2025. Esas cifras corresponden a reportes recibidos mediante el 911 y, según la autoridad estatal, reflejan una disminución en ese corredor.
Pese a esa reducción reportada, el Operativo Enjambre puso bajo investigación una presunta estructura criminal que operaba en Esperanza y que, de acuerdo con autoridades de Puebla, estaba relacionada con robo de autotransporte, extorsión y secuestro.
Exige castigos para servidores públicos ligados al crimen
García García planteó también revisar el marco legal para endurecer las consecuencias contra funcionarios que colaboren con organizaciones delictivas.
Consideró que la participación de servidores públicos en esquemas de protección, filtración de información o apoyo logístico agrava la vulnerabilidad de transportistas y usuarios de las carreteras.
La diputada reconoció las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa y Guardia Nacional, pero sostuvo que debe reforzarse la vigilancia en toda la red carretera.
“Existen muchas bandas criminales y no hay paz para transitar por las carreteras”, afirmó.
Su planteamiento buscará ahora que SICT y Capufe adopten controles extraordinarios en plazas de cobro, con énfasis en rotación de personal, evaluaciones de confianza y vigilancia sobre posibles actos de corrupción.
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