Comprar un celular, una tableta o una computadora podría resultar más caro en México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) preparan un esquema de remuneración por copia privada que podría representar un cobro de hasta 2 por ciento del valor de determinados dispositivos electrónicos.
El proyecto ha sido bautizado críticamente como “Moche Digital” y, de acuerdo con reportes publicados también es promovido por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Sin embargo, el cobro todavía no está vigente y hasta ahora no se ha localizado un anuncio oficial de Cultura o Indautor que confirme su redacción definitiva.
La propuesta parte de una premisa polémica: cobrar por la capacidad que tienen teléfonos, computadoras, tabletas y otros equipos para almacenar o reproducir obras protegidas por derechos de autor, independientemente de que el comprador efectivamente realice copias privadas.
Cobrarían hasta 2% por el valor del dispositivo
Según la información difundida, la tarifa podría alcanzar hasta 2 por ciento del valor del equipo. Así, entre más caro sea un dispositivo, mayor sería el monto, aunque su precio obedezca a factores como procesador, cámara, pantalla, inteligencia artificial o capacidad de cómputo y no necesariamente al consumo de obras protegidas.
El obligado formal sería el importador o el primer comercializador. El riesgo para los consumidores es que el costo termine incorporándose al precio final de venta.
Por ejemplo, si se aplicara la tasa máxima de 2 por ciento, un dispositivo valuado en 10 mil pesos implicaría un costo equivalente a 200 pesos; uno de 20 mil, 400 pesos, y uno de 40 mil, 800 pesos.
La apuesta: cobrar por la posibilidad de copiar
El mecanismo se sustenta en la denominada remuneración compensatoria por copia privada: los titulares de derechos recibirían recursos debido a que determinados aparatos permiten copiar, almacenar o reproducir música, películas, libros, fotografías y otras obras.
El punto controvertido es que el pago no estaría necesariamente vinculado a una copia efectivamente realizada por el usuario, sino a la capacidad tecnológica del dispositivo para hacerla.
El Congreso ya rechazó una propuesta similar
El “Moche Digital” tiene antecedentes legislativos.
En 2021, la Cámara de Diputados discutió una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que pretendía establecer una remuneración compensatoria por copia privada. El proyecto contemplaba como sujetos obligados a fabricantes e importadores de equipos, aparatos y soportes capaces de reproducir obras protegidas. Finalmente fue desechado.
El dictamen incluso establecía criterios para calcular la remuneración, entre ellos la frecuencia de utilización de los equipos, su capacidad de almacenamiento, la importancia de la función de reproducción y la proporción respecto del precio final al público.
La discusión volvió al Senado en 2022. Una iniciativa suscrita por legisladores de Morena, PRI y PRD planteó nuevamente que fabricantes o importadores pagaran una remuneración compensatoria y que ésta fuera canalizada mediante sociedades de gestión colectiva.
Cultura buscaría ahora la vía reglamentaria
La diferencia central del nuevo planteamiento sería la ruta jurídica.
Mientras los intentos anteriores pretendían modificar la Ley Federal del Derecho de Autor, los reportes señalan que Cultura e Indautor buscarían instrumentar ahora el mecanismo mediante cambios reglamentarios, donde se determinarían los dispositivos sujetos al cobro, responsables del pago, base de cálculo y porcentaje aplicable.
Ese punto puede convertirse en uno de los principales frentes de controversia: determinar si un cobro de esta naturaleza puede instrumentarse reglamentariamente o requiere necesariamente una reforma aprobada por el Congreso.
Consumidores podrían terminar pagando la cuenta
Aunque la obligación recayera inicialmente sobre importadores o comercializadores, el impacto podría trasladarse a los precios.
El efecto alcanzaría productos que actualmente son herramientas esenciales para el trabajo, educación, comunicación, servicios financieros y actividades productivas.
A ello se suma el debate sobre un posible doble costo para usuarios que ya pagan suscripciones de música, películas, libros y contenidos digitales bajo esquemas legales de licenciamiento.
Industria calcula impacto millonario
Fuentes de la industria citadas por EL CEO calculan que el esquema podría tener un impacto económico anual de entre 700 y 750 millones de dólares. Esa cifra, sin embargo, corresponde a estimaciones privadas y no a una proyección oficial publicada por Cultura o Indautor.
El mismo reporte sostiene que parte de los recursos se canalizaría hacia sociedades de gestión colectiva y que 5 por ciento podría destinarse a la Secretaría de Cultura. Este punto tampoco ha sido confirmado hasta ahora mediante un documento oficial público.
La discusión apenas comienza. Lo cierto es que el proyecto revive un debate que el Congreso ya enfrentó hace cinco años: quién debe compensar a los autores por la copia privada y si es válido cargar ese costo a dispositivos utilizados por millones de mexicanos, incluso cuando sus propietarios nunca copien una obra protegida.
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