El Partido del Trabajo busca que los comedores comunitarios dejen de depender de decisiones administrativas temporales y se conviertan en programas permanentes que los tres órdenes de Gobierno estén obligados a establecer, fortalecer y mantener.
El Grupo Parlamentario del PT en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible y garantizar estos espacios principalmente en comunidades afectadas por pobreza, marginación, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria.
La propuesta fue presentada por las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez.
El planteamiento define a los comedores comunitarios como espacios de participación social destinados a proporcionar alimentos preparados, nutritivos, suficientes, inocuos, de calidad y culturalmente pertinentes.
El servicio podría otorgarse gratuitamente o mediante una cuota de recuperación accesible, con prioridad para quienes carecen de recursos suficientes para garantizar su alimentación.
De promoción a obligación legal
Uno de los cambios centrales consiste en sustituir en la legislación el mandato de “promover iniciativas” por la obligación gubernamental de establecer, fortalecer y coordinar programas permanentes de comedores comunitarios físicamente accesibles.
La responsabilidad recaería de manera concurrente en la Federación, los estados y los municipios, de acuerdo con los recursos aprobados en sus respectivos presupuestos.
Los tres órdenes de Gobierno también tendrían que garantizar la operación y continuidad de los comedores en las localidades que los requieran.
La prioridad estaría en comunidades con grados de marginación media, alta o muy alta, así como aquellas donde existan condiciones de pobreza, vulnerabilidad social o inseguridad alimentaria.
“La reforma busca avanzar para garantizar programas permanentes de comedores comunitarios”, señala la iniciativa.
Reportan 18.8 millones con carencia alimentaria
El PT fundamenta la reforma en las dimensiones que todavía tiene el problema alimentario en México.
De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional del INEGI citada en la iniciativa, en 2024 el 14.4 por ciento de la población presentó carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, equivalente a aproximadamente 18.8 millones de personas.
La cifra representa, sin embargo, una reducción de 4.6 millones de personas respecto de 2022.
Para los legisladores petistas, los comedores representan un instrumento de atención inmediata para quienes carecen de ingresos suficientes o enfrentan obstáculos materiales para acceder a alimentos.
El esquema permitiría además ofrecer comida gratuitamente o mediante cuotas asequibles, con el objetivo de que las familias beneficiarias no tengan que sacrificar otros gastos esenciales.
Acusan vacío en legislación vigente
La iniciativa advierte que la legislación actual tiene limitaciones debido a que no define expresamente qué debe entenderse por comedor comunitario ni establece con claridad la obligación gubernamental de crear, fortalecer y garantizar la continuidad de esos programas.
El PT pretende así pasar de disposiciones enfocadas en promover o procurar acciones a establecer responsabilidades expresas para autoridades federales, estatales y municipales.
“Detrás de cada medición de pobreza o inseguridad alimentaria existen personas que requieren una respuesta pública oportuna”, sostiene el documento.
Plantean coordinación con sistemas DIF
La reforma también busca reforzar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno con instituciones de asistencia social y con los sistemas Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El objetivo es vincular los programas de atención social con las políticas de abasto, producción de alimentos y asistencia alimentaria.
Niños y adultos mayores, entre grupos prioritarios
El GPPT sostiene que consolidar los comedores comunitarios permitiría fortalecer el derecho a la alimentación de niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias sin ingresos suficientes, además de otros grupos en condiciones de vulnerabilidad.
La apuesta del PT es que los comedores dejen de operar como una política sujeta a decisiones coyunturales y queden establecidos en la ley como una responsabilidad permanente del Estado.
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