Los bancos que retrasen la liberación de una hipoteca ya liquidada podrían enfrentar multas de 100 UMAs por cada día de demora e indemnizar al cliente, de prosperar una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
El diputado del PRI Yericó Abramo Masso propuso reformar el artículo 2941 del Código Civil Federal para obligar a las instituciones financieras a concluir el procedimiento de liberación de los créditos hipotecarios pagados en tiempo y forma en un plazo máximo de 30 días naturales.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, busca atacar una práctica que mantiene propiedades legalmente gravadas aun cuando sus propietarios ya terminaron de pagar el crédito.
Dan 30 días a bancos para liberar hipotecas
La reforma establece que podrá solicitarse y deberá ordenarse la extinción de la hipoteca cuando haya terminado la obligación garantizada ante una institución de crédito o entidad financiera.
El banco tendría un plazo máximo e improrrogable de 30 días naturales, contado a partir del día siguiente al pago total, para emitir la carta de instrucción de liberación de la hipoteca y presentarla ante el Notario Público o el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
El conteo comenzaría el día hábil siguiente a la recepción del último pago.
La institución financiera estaría obligada, además, a entregar al usuario la carta de liberación, designar notario de inmediato y mantener un seguimiento formal del procedimiento hasta concretar la inscripción registral.
Multa de 100 UMAs por cada día de demora
La propuesta endurece las consecuencias para las instituciones que incumplan el plazo.
Por cada día de retraso, el banco sería sancionado con el equivalente a 100 UMAs.
Además, tendría que indemnizar al usuario con uno por ciento del valor total del crédito por cada mes de demora en la liberación.
La iniciativa también contempla que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pueda suspender temporalmente la facultad de la institución financiera para colocar vivienda.
Acusan que bancos mantienen créditos activos pese a estar pagados
Abramo Masso sostiene en la exposición de motivos que la banca ha registrado históricamente miles de créditos como activos pese a que los usuarios ya concluyeron el pago de sus hipotecas.
La problemática, señala, también involucra al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Mantener vigente el gravamen genera complicaciones para los propietarios que pretenden vender o disponer del inmueble, pues terminar de pagar el préstamo no significa que automáticamente desaparezca la hipoteca en términos registrales.
Aunque la deuda esté liquidada, la propiedad continúa gravada hasta completar el procedimiento notarial y registral.
Señalan burocracia y fallas internas de bancos
El priista atribuye parte de los retrasos a deficiencias administrativas de las propias instituciones financieras y señala que la retención de las cartas de liberación termina afectando directamente al consumidor.
Por ello, plantea establecer plazos “cortos y definitivos” para reducir la incertidumbre jurídica y proteger el patrimonio familiar.
La reforma obligaría a las instituciones financieras a reorganizar sus áreas jurídicas para cumplir con la liberación dentro del periodo establecido, bajo la amenaza de sanciones de la CNBV.
Cuestionan meses de espera en plena era del SPEI
Abramo Masso argumentó que las instituciones bancarias tienen capacidad tecnológica para procesar millones de transacciones mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), por lo que cuestionó que liberar una hipoteca pueda requerir tres meses o incluso más.
El legislador considera que la recopilación de firmas y validaciones internas no debería justificar esas demoras, particularmente ante herramientas como la firma electrónica avanzada, que permiten realizar procedimientos en periodos mucho menores.
“Pagada la deuda, debe extinguirse la hipoteca”
La iniciativa parte de que el artículo 2941 del Código Civil Federal ya establece la extinción de la hipoteca cuando termina la obligación principal que la originó.
Abramo Masso sostiene, por ello, que mantener el gravamen durante un periodo superior al estrictamente necesario desde el punto de vista técnico contraviene el propósito de la legislación.
De aprobarse la reforma, pagar la última mensualidad activaría el reloj para los bancos: tendrían 30 días para avanzar en la liberación de la hipoteca o enfrentar multas diarias, indemnizaciones al acreditado y posibles sanciones regulatorias.
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