La posibilidad de suspender transmisiones y aplicar multas de hasta 1 por ciento de los ingresos acumulables de los concesionarios encendió alertas sobre el alcance que tendría la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) frente a contenidos periodísticos y decisiones editoriales.
México Evalúa advirtió que esas facultades, previstas dentro del nuevo esquema de protección de los derechos de las audiencias, podrían incrementar la intervención gubernamental sobre los medios y generar incentivos para evitar contenidos controvertidos.
La organización presentó ante la CRT sus observaciones al proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente sometido a consulta pública.
Aunque reconoció avances en transparencia, accesibilidad y mecanismos para atender quejas, sostuvo que la protección de las audiencias no debe traducirse en facultades que permitan a la autoridad incidir en las decisiones editoriales.
Suspensión de transmisiones prende alertas
El principal punto de preocupación es la suspensión precautoria de transmisiones.
El artículo 10, fracción LIII, de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla que la CRT pueda aplicar esta medida cuando se violen los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias.
Además, los concesionarios podrían enfrentar multas de hasta 1 por ciento de sus ingresos acumulables por cada infracción.
Las sanciones podrían derivar tanto de incumplimientos administrativos como de procedimientos iniciados a partir de quejas de personas que consideren vulnerados sus derechos como audiencia por determinados contenidos.
México Evalúa advirtió que la combinación de suspensión y sanciones económicas resulta especialmente delicada cuando se trata de programas informativos, contenidos periodísticos u opiniones editoriales.
Advierten efecto inhibidor sobre contenidos
Para la organización, ampliar el margen de intervención de la autoridad podría provocar que concesionarios y medios opten por restringir determinados contenidos para disminuir riesgos regulatorios.
El problema, señaló, radica en que una regulación diseñada para proteger a las audiencias termine condicionando indirectamente el ejercicio periodístico y la libertad editorial.
México Evalúa sostuvo que los artículos 1, 6 y 7 constitucionales obligan a que cualquier regulación considere el principio pro persona y las garantías de libertad de expresión, acceso a la información y libertad de difusión.
Por ello, planteó una premisa para la regulación:
El Estado debe garantizar los derechos de las audiencias, pero no convertirse en árbitro del debate público.
La organización recordó además que las controversias que surjan entre concesionarios, ciudadanos y autoridad podrán terminar bajo revisión del Poder Judicial.
Piden que CRT no juzgue criterios periodísticos
Otro punto sensible es la obligación de diferenciar información de opinión, así como el deber de diligencia ante información falsa o presentada fuera de contexto.
México Evalúa respaldó que las audiencias cuenten con elementos que permitan reconocer qué tipo de contenido consumen.
Sin embargo, planteó que la CRT debe concentrarse en verificar que existan y funcionen mecanismos objetivos —entre ellos los códigos de ética— y evitar sustituir el criterio de periodistas y medios.
La definición de “Programadora” también provocó observaciones.
La organización señaló que el proyecto elimina elementos contenidos en los lineamientos vigentes que ayudaban a delimitar esa figura, particularmente su relación con la multiprogramación y las autorizaciones correspondientes.
Advirtió que una definición imprecisa podría ampliar el universo de sujetos regulados y generar interpretaciones que alcancen nuevas formas de distribución de contenidos digitales.
Exige candados a sanciones y suspensiones
México Evalúa formuló 10 recomendaciones antes de que la CRT publique las reglas definitivas:
- Delimitar claramente a quiénes se aplicarán los lineamientos.
- Reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes.
- Garantizar sanciones razonables y proporcionales.
- Restringir la suspensión precautoria a los casos expresamente establecidos por la ley y bajo parámetros constitucionales.
- Fortalecer el servicio profesional de carrera dentro de la CRT.
- Mejorar los códigos de ética sin entregar a la autoridad el juicio sobre decisiones editoriales.
- Establecer claramente los mecanismos de revisión y defensa judicial.
- Favorecer la pluralidad y competencia económica en radiodifusión.
- Convocar a un parlamento abierto con personas defensoras de las audiencias antes de aprobar los lineamientos definitivos.
- Impulsar programas de alfabetización mediática entre autoridades, concesionarios y sociedad civil.
Plantea audiencias críticas, no mayor control
México Evalúa sostuvo que proteger a las audiencias no significa incrementar automáticamente las sanciones contra los medios.
Una política efectiva, planteó, debe buscar ciudadanos mejor informados, capaces de analizar críticamente los contenidos y de ejercer sus derechos frente a concesionarios y autoridades.
La organización consideró que la consulta representa una oportunidad para fortalecer esos derechos, pero advirtió que el diseño final deberá impedir que las herramientas regulatorias terminen operando como mecanismos de presión sobre contenidos.
El reto para la CRT será establecer reglas que protejan a las audiencias sin colocar la libertad editorial bajo la amenaza de suspensiones, multas o decisiones administrativas sobre lo que los medios publican o transmiten.
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