El Gobierno federal mantuvo activas 94 mil 251 tarjetas del Bienestar que no habían sido entregadas a sus beneficiarios y, en cuentas vinculadas a más de mil de esos plásticos, dispersó 8.6 millones de pesos, revela el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La anomalía fue detectada al revisar la operación de Becas para el Bienestar durante 2024.
De acuerdo con el documento, el Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 tarjetas. De ese universo, 94 mil 251 —equivalentes a más del 98 por ciento— permanecían registradas con estatus activo.
“Respecto de las tarjetas no entregadas y con estatus activo, se identificó que en las cuentas asociadas a 1,078 tarjetas se dispersó un total de 8.6 millones de pesos”, admite el Informe.
Detectan pagos pese a falta de entrega
El hallazgo abre una brecha entre la entrega física del medio de pago y la dispersión de recursos públicos.
El documento no explica en ese apartado qué ocurrió posteriormente con los 8.6 millones de pesos, si permanecieron en las cuentas, fueron retirados o recuperados, ni identifica eventuales responsabilidades por la activación de tarjetas que seguían sin ser entregadas.
La revisión tampoco se limitó a los plásticos.
Los órganos fiscalizadores localizaron 67 mil 142 beneficiarios inscritos en instituciones de educación superior que no tenían registro en el Registro Nacional de Población e Identidad, pero a quienes se les pagaron 592.3 millones de pesos.
También ubicaron a 1,376 beneficiarios inscritos en escuelas privadas de educación básica, quienes recibieron otros 8.5 millones de pesos, pese a que la revisión correspondió a programas dirigidos a población objetivo determinada por sus reglas de operación.
Suma Gobierno miles de sancionados
Los hallazgos aparecen en un Informe que presume una política de “cero tolerancia a la corrupción”, pero que al mismo tiempo reconoce miles de procedimientos por responsabilidades administrativas.
Al 30 de junio de 2026, el Gobierno reportó 14 mil 117 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y 4 mil 193 servidores públicos sancionados.
Del total, 15.9 por ciento correspondió a faltas graves. También fueron registradas 105 denuncias penales, 938 carpetas de investigación y 53 personas vinculadas a proceso.
A su vez, 132 empresas proveedoras del Gobierno fueron sancionadas y 99 quedaron inhabilitadas.
Reporta destituciones e inhabilitaciones
Los anexos del Informe registran para 2025 912 destituciones y 46 suspensiones de servidores públicos. Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron otras 188 destituciones y 21 suspensiones.
El propio Gobierno advierte que estas estadísticas sólo incorporan sanciones aplicadas, notificadas, cumplidas o vigentes y dejan fuera las que se encuentran impugnadas judicialmente o fueron revocadas.
Revela Informe más anomalías millonarias
Las tarjetas del Bienestar forman parte de una cadena de irregularidades reconocidas en el documento presidencial.
En el programa Fertilizantes para el Bienestar fueron encontrados remanentes de años anteriores por 76 mil 347 toneladas, con valor de 3 mil 89.8 millones de pesos; además, 19 mil 868 toneladas convenidas no habían sido recibidas y otras 58 mil 559 llegaron fuera del ciclo agrícola correspondiente.
En Alimentación para el Bienestar se detectaron deficiencias por 357.7 millones de pesos, entre ellas discrepancias entre inventarios físicos y registros contables, productos en mal estado y problemas de almacenamiento.
Y en obras de Conagua, la fiscalización encontró trabajos mal ejecutados por mil 632 millones de pesos, además de 308.4 millones de pesos en obra pagada pero no ejecutada, monto que al cierre del Informe permanecía en proceso de aclaración.
Deja sin aclarar destino del dinero
En el caso de las tarjetas, el Segundo Informe confirma la existencia de recursos depositados en cuentas cuyos medios de pago no habían llegado a manos de los beneficiarios.
Lo que no establece el documento revisado es quién autorizó su activación, qué ocurrió con el dinero dispersado ni si el hallazgo produjo sanciones específicas.
La irregularidad queda asentada por el propio Gobierno: 95 mil 960 tarjetas sin entregar, 94 mil 251 activas y 8.6 millones de pesos depositados en 1,078 cuentas asociadas a esos plásticos.
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