Familiares, cuidadores o personas de confianza que retiren, retengan o utilicen sin autorización recursos de pensiones y programas sociales podrían enfrentar penas de prisión por abuso de confianza.
La diputada Vanessa López Carrillo (PT) propuso reformar los artículos 383 y 385 del Código Penal Federal para incluir expresamente como delito la disposición de fondos, dinero en efectivo o recursos depositados en tarjetas mediante las cuales se reciben pensiones, apoyos económicos o beneficios de programas sociales.
La iniciativa plantea considerar responsable de abuso de confianza a quien, en calidad de depositario, custodio, auxiliar o encargado de una tarjeta bancaria, credencial, medio electrónico o instrumento de pago, utilice para sí o para terceros los recursos sin autorización de la persona beneficiaria.
Aumentarían penas cuando víctimas sean adultos mayores
La propuesta prevé elevar hasta en una tercera parte las sanciones cuando la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad.
El agravante también operaría cuando entre el responsable y la víctima exista parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, así como una relación de cohabitación, custodia, subordinación, cuidado o notoria confianza.
Las sanciones previstas para las conductas contempladas como abuso de confianza alcanzarían de seis meses a seis años de prisión, además de multas conforme al Código Penal Federal.
Apuntan a familiares y cuidadores que retienen recursos
En su exposición de motivos, López Carrillo advierte que se han registrado casos en los que familiares, cuidadores y terceras personas se apropian de dinero correspondiente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de apoyos destinados a personas con discapacidad.
La legisladora señala que numerosos beneficiarios enfrentan problemas de movilidad, dificultades visuales, brecha digital o condiciones de salud que los obligan a confiar sus tarjetas y contraseñas a otras personas para retirar el dinero.
Esa dependencia, sostiene, ha permitido que algunos encargados retengan los recursos, entreguen cantidades incompletas o utilicen parte del dinero para beneficio propio.
Banco del Bienestar tendría que crear protocolos de denuncia
La iniciativa también plantea que las instituciones de procuración de justicia y el Banco del Bienestar implementen protocolos accesibles para orientar, recibir y canalizar denuncias relacionadas con la retención o despojo ilícito de tarjetas de programas sociales.
El proyecto adiciona una fracción IV al artículo 383 y un segundo párrafo al artículo 385 del Código Penal Federal y fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y eventual dictamen.
Buscan homologar protección en todo el País
López Carrillo argumenta que es necesario homologar a nivel federal la figura de abuso de confianza para cerrar espacios de impunidad y mejorar los mecanismos de defensa para beneficiarios de programas sociales.
La diputada sostiene que los mecanismos administrativos o civiles no han sido suficientes para frenar lo que califica como una práctica de despojo patrimonial dentro de familias o círculos de cuidado.
En su iniciativa señala que las pensiones dirigidas a adultos mayores y personas con discapacidad buscan reducir su vulnerabilidad económica y que cualquier apropiación indebida afecta recursos destinados directamente a su subsistencia.
La propuesta pretende así convertir en una conducta expresamente sancionable el aprovechamiento de una relación de confianza para disponer del dinero depositado en tarjetas de pensiones o programas gubernamentales sin consentimiento de sus titulares.
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