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Denuncian red de jueces y ‘montadeudas’ para embargar familias en Querétaro

Acusan a jueces y prestamistas de inflar deudas y embargar a familias.

El diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, de Morena, denunció una presunta red de complicidad entre jueces y actuarios del Poder Judicial de Querétaro y prestamistas conocidos como montadeudas, quienes supuestamente inflan créditos, promueven embargos y amenazan a familias de distintas comunidades del estado.

En conferencia de prensa, el legislador acusó que préstamos de apenas 2 mil o 5 mil pesos terminan convertidos en deudas de hasta 60 mil pesos, mediante prácticas que incluyen la firma de pagarés en blanco y presuntas irregularidades en procedimientos judiciales.

«No puede haber esa colusión con los prestamistas, con estos montadeudas y estos abusivos», advirtió.

Herrera Ruiz exigió al presidente del Poder Judicial estatal, Braulio Guerra Urbiola, intervenir ante las denuncias e investigar la actuación de los servidores públicos presuntamente involucrados.

De préstamos de 2 mil pesos a deudas de 60 mil

El legislador explicó que uno de los mecanismos denunciados consiste en obligar a los solicitantes de créditos a firmar pagarés sin cantidades ni fechas establecidas, documentos que posteriormente serían modificados para reclamar montos superiores a los originalmente prestados.

«Les hacen firmar pagarés en blanco, y con eso después ellos los llenan, les ponen otra fecha y llegan a los juzgados a realizar su ilícito», sostuvo.

De acuerdo con Herrera Ruiz, estas prácticas se han convertido en un mecanismo de presión contra familias que, ante la imposibilidad de cubrir las cantidades exigidas, enfrentan procedimientos de embargo y amenazas sobre su patrimonio.

Afectada denuncia que deuda se triplicó por tres atrasos

Durante la conferencia, Alicia Reséndiz González, originaria de San José el Alto, relató que solicitó un préstamo de 20 mil pesos que terminó convertido en una deuda de 60 mil pesos después de atrasarse en tres pagos.

Explicó que los cobradores iniciaron un procedimiento de embargo contra su aval y comenzaron a exigir cantidades cada vez mayores.

«Yo quiero pagar y quiero pagar lo justo y que las autoridades de Tequisquiapan no hagan caso omiso a lo que está pasando», reclamó.

Su testimonio fue presentado como uno de los casos que, según los denunciantes, evidencian los presuntos abusos cometidos mediante préstamos informales y acciones judiciales de cobro.

Piden investigar a juzgado de Tequisquiapan por embargos

El equipo jurídico que acompaña a las familias afectadas denunció que personal presuntamente vinculado con las financieras ha ingresado a domicilios para sustraer pertenencias.

También señaló que algunas personas han enfrentado obstáculos para consultar sus expedientes judiciales, situación que, según los abogados, dificulta su defensa frente a los procedimientos de cobro.

Ante estas irregularidades, solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro investigar la actuación del juzgado mixto municipal de Tequisquiapan y determinar si existen responsabilidades de funcionarios judiciales.

Los abogados señalaron que continuarán proporcionando asesoría legal a las familias que enfrentan reclamaciones económicas y procedimientos de embargo.

Exigen frenar embargos y revisar actuación de jueces

Herrera Ruiz sostuvo que las denuncias reflejan la necesidad de transformar el Poder Judicial de Querétaro y garantizar que jueces y actuarios actúen conforme a la ley, sin favorecer intereses particulares.

Aunque reconoció la intervención de la Fiscalía en los casos denunciados, insistió en que resulta indispensable detener los embargos que, aseguró, son utilizados como instrumentos de intimidación contra las familias.

«Reconozco que la Fiscalía está actuando, pero necesitamos parar los embargos, y ese es el problema, porque es la forma como están amedrentando, y que se haga justicia en todos los sentidos», concluyó.

Las acusaciones fueron expuestas por el legislador y las personas afectadas, sin que en la información proporcionada se incluya una postura del Poder Judicial estatal respecto de los señalamientos.

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