El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza llevar ante la Fiscalía General de la República (FGR) las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, en medio de señalamientos por corrupción, conflictos de interés y contratos cuestionados que provocaron su renuncia a la presidencia del organismo.
El consejero electoral Arturo Castillo Loza advirtió que los hechos atribuidos públicamente a la exfuncionaria podrían configurar delitos graves, entre ellos enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, que incluso podrían ameritar prisión preventiva oficiosa.
La advertencia fue lanzada el jueves 29 de octubre, cuando el organismo comenzó a revisar contratos, licitaciones y nombramientos realizados durante la administración de Taddei, ante las sospechas de una red de favoritismo en las adquisiciones de materiales electorales.
Castillo sostuvo que los señalamientos ameritan la intervención de la FGR para determinar si existen elementos suficientes para iniciar procedimientos penales.
INE evalúa denuncia ante FGR por presuntos actos de corrupción
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que las consejerías analizan jurídicamente si corresponde presentar una denuncia formal o dar vista a las autoridades competentes por las irregularidades denunciadas.
Precisó que todavía no existe una determinación institucional y que primero deberán establecer el alcance de sus facultades legales, así como colaborar con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Castillo Loza fue más allá al señalar que los hechos denunciados podrían constituir delitos perseguibles de oficio, aunque reconoció que corresponde al Ministerio Público determinar su posible configuración y, en su caso, solicitar las medidas cautelares pertinentes.
Entre las primeras acciones acordadas por los consejeros destaca la revisión de contratos y licitaciones, incluidos los relacionados con la producción de credenciales para votar, además de la habilitación de un buzón para recibir denuncias anónimas de trabajadores del instituto.
La nueva administración también anunció la suspensión de nuevas contrataciones y una evaluación de los funcionarios de alto nivel para revisar los procedimientos administrativos y deslindar responsabilidades.
Investigan a 15 funcionarios y 18 empresas
El escándalo también alcanzó al Órgano Interno de Control del INE.
Un informe presentado por su titular, Víctor Hugo Carvente, ante la Cámara de Diputados reportó 16 expedientes de investigación iniciados durante 2025 y 2026, de los cuales 11 están relacionados con contrataciones públicas.
Las indagatorias involucran al menos a 15 servidores y exservidores públicos, ocho particulares y 18 empresas. A ellas se suman otras 25 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones de control.
Entre las posibles irregularidades investigadas figuran simulación de requisitos de contratación, ocultamiento de conflictos de interés, aplicación irregular de recursos públicos y deficiencias en la supervisión de bienes y servicios.
De manera paralela, el PAN presentó el 27 de octubre una denuncia ante la FGR relacionada con seis posibles delitos federales: uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
El partido exigió investigar contratos y presuntos vínculos entre funcionarios electorales y proveedores, particularmente los señalamientos relacionados con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
Taddei presentó su renuncia el 26 de octubre. Previamente, había cuestionado la autenticidad de distintas versiones difundidas públicamente y solicitado que cualquier señalamiento fuera examinado con pruebas y mediante los procedimientos legales correspondientes.
Hasta ahora, las investigaciones y denuncias no constituyen una determinación de responsabilidad penal contra la exconsejera presidenta.
Crisis por Taddei golpea designaciones electorales
La controversia también alcanzó las decisiones del Consejo General sobre la integración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL).
Durante la sesión del 29 de octubre, representantes partidistas cuestionaron que los expedientes de aspirantes todavía incluyeran evaluaciones realizadas por Guadalupe Taddei antes de su renuncia.
El representante de Somos, Emilio Álvarez Icaza, solicitó retirar las valoraciones de la expresidenta y revisar los procedimientos de selección ante los señalamientos de posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.
Representantes de otras fuerzas políticas, incluidos PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, también plantearon aplazar las designaciones para fortalecer la certeza de los nombramientos.
Pese a los cuestionamientos, el Consejo General aprobó 15 consejerías electorales y dos presidencias de OPL, correspondientes a Colima y Puebla, para periodos de siete años.
Sin embargo, quedaron vacantes las presidencias de los organismos electorales de Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Tamaulipas, así como una consejería en Veracruz. Las propuestas de Guerrero y Oaxaca fueron retiradas para su revisión posterior.
La consejera Carla Humphrey advirtió sobre la necesidad de reforzar la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en las autoridades electorales ante los acontecimientos que han puesto en duda su integridad institucional.
INE enfrenta sospechas de corrupción rumbo a elecciones de 2027
La crisis ocurre mientras el organismo prepara las elecciones federales y locales del próximo año, cuando se renovará la Cámara de Diputados y estarán en disputa 17 gubernaturas.
En la misma sesión, el INE aprobó un tope de 440 mil 652 pesos para gastos de precampaña por precandidatura a diputación federal y de 2 millones 491 mil 466 pesos para gastos de campaña por candidatura.
Además, estableció que cada uno de los ocho partidos políticos nacionales deberá postular al menos nueve mujeres en el conjunto de las 17 elecciones de gubernatura, ya sea individualmente, en coalición o mediante candidaturas comunes.
Los acuerdos se producen bajo una creciente presión para que el instituto esclarezca las contrataciones cuestionadas, revise posibles responsabilidades administrativas y determine si existen elementos para acudir a la FGR.
La renuncia de Guadalupe Taddei cerró su etapa al frente del INE, pero dejó abierto un frente de investigaciones cuyo resultado será decisivo para recuperar la confianza en la autoridad encargada de organizar los comicios de 2027.
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