Competían por contratos públicos, pero al ganar las licitaciones subcontrataban a sus propias rivales, vinculadas con los mismos grupos empresariales.
Ese es el modus operandi detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con diversas instituciones públicas entre 2014 y 2026, bajo esquemas que ahora son investigados por posibles prácticas de competencia desleal, conflictos de interés y vínculos con empresas factureras.
Durante la presentación de la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, ante la Cámara de Diputados, el funcionario explicó que las empresas ganadoras de contratos terminaban subcontratando a otras que habían participado en el mismo concurso.
El mecanismo levantó sospechas sobre una posible simulación de competencia para favorecer adjudicaciones e influir en los precios y condiciones de los contratos.
Revela ASF cómo operaban empresas proveedoras del INE
La investigación identificó operaciones entre sociedades pertenecientes a los mismos grupos empresariales, pese a que figuraban como participantes en procedimientos de contratación.
El auditor explicó que la empresa adjudicada subcontrataba a una de las compañías que también había competido por el contrato, una práctica que ahora se analiza para determinar si existieron acuerdos indebidos entre proveedores.
La ASF advirtió que estas operaciones podrían formar parte de un mecanismo para restringir la competencia y garantizar la asignación de recursos públicos a determinadas empresas.
Hernández Palacios señaló que otra línea de investigación se concentra en posibles barreras a la competencia que habrían permitido incidir en precios y condiciones contractuales, con un eventual perjuicio para el patrimonio público.
Facturaban cientos de millones sin tener trabajadores
Las indagatorias también exhibieron inconsistencias en la capacidad operativa de las compañías.
Según el auditor, algunas registraban facturaciones por cientos de millones de pesos, aunque tenían menos de cinco trabajadores y, en determinados casos, ninguno.
El organismo fiscalizador también encontró operaciones por 21.3 millones de pesos con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones habían sido revocadas por sus relaciones con factureras.
Además, una de las compañías analizadas estaba suspendida en el padrón de importadores.
Estos hallazgos forman parte de las investigaciones para establecer si existieron operaciones simuladas, triangulación de recursos o mecanismos para eludir los controles en la contratación pública.
Rastrean 8 mil 870 millones de pesos en operaciones empresariales
De los 8 mil 870.3 millones de pesos identificados en operaciones de los dos grupos con diversas entidades públicas, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales, precisó el titular de la ASF.
El monto global comprende operaciones realizadas entre 2014 y 2026 y no corresponde exclusivamente a contratos del INE ni constituye, hasta ahora, una cantidad acreditada como daño patrimonial.
La investigación también se extiende a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), sus proveedores y los servidores públicos que pudieran estar vinculados con las contrataciones.
De acuerdo con información periodística sobre los contratos de estos grupos, Veracruz figura con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones; Puebla, con 286.6 millones, y Nuevo León, con 253.9 millones.
También aparecen contrataciones en Baja California, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco y Yucatán.
Detectan vínculos entre empresarios y funcionarios públicos
Hernández Palacios informó que los trabajos de inteligencia permitieron identificar redes de relaciones entre los dos grupos empresariales y servidores públicos, así como conexiones entre funcionarios y distintas compañías proveedoras.
La ASF busca determinar si estas relaciones influyeron en los procedimientos de contratación, generaron conflictos de interés o facilitaron ventajas indebidas para obtener adjudicaciones.
Investigan posibles responsabilidades y daño al erario
Tras abrir una investigación de oficio, la Auditoría comenzó a requerir información para reconstruir el comportamiento de las empresas desde sus primeras operaciones con las autoridades electorales.
El organismo también trabaja con el Órgano Interno de Control del INE y otras instancias encargadas del combate a la corrupción.
El auditor sostuvo que, de encontrarse elementos de responsabilidad administrativa o penal, se promoverán las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.
Las indagatorias permanecen abiertas y deberán determinar si los vínculos empresariales, las subcontrataciones entre competidores y las operaciones financieras detectadas constituyeron actos ilícitos.
Por ahora, la ASF ha documentado patrones de operación y posibles irregularidades, pero no ha establecido un monto definitivo de daño patrimonial ni responsabilidades firmes en este caso.
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