La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asestó un nuevo golpe a la red de proveedores electorales bajo investigación al incorporar a 25 personas físicas y 15 empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones financieras consideradas de riesgo.
La medida, anunciada este miércoles 4 de noviembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ocurre en medio del escándalo por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo.
Mediante una tarjeta informativa, la UIF confirmó que los movimientos financieros detectados ameritan una investigación de las autoridades competentes y anunció que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
UIF bloquea operaciones financieras y lleva el caso a la FGR
La dependencia federal informó que la medida se adoptó después de revisar información financiera relacionada con personas y empresas vinculadas con proveedores electorales.
Según la UIF, los análisis permitieron identificar movimientos que presentan elementos de riesgo y justifican su revisión por las autoridades investigadoras.
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas restringe las operaciones de los involucrados dentro del sistema financiero mexicano.
Sin embargo, Hacienda no reveló los nombres de las 25 personas ni de las 15 empresas, tampoco precisó los montos involucrados o los contratos electorales relacionados con las operaciones observadas.
La UIF aclaró que el bloqueo tiene carácter preventivo y administrativo, por lo que no constituye una resolución definitiva de responsabilidad penal. Los afectados conservan su derecho de audiencia y los mecanismos legales para impugnar la medida.
Escándalo de Taddei destapa investigación sobre proveedores del INE
La actuación de Hacienda se produce después de que investigaciones periodísticas exhibieran presuntos vínculos entre proveedores de materiales electorales y personas cercanas a Guadalupe Taddei.
Entre los empresarios señalados figura José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con compañías proveedoras del INE y organismos electorales locales.
Las investigaciones financieras previamente difundidas apuntaron a una red de siete empresas bajo sospecha por presunta simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y utilización de compañías factureras.
Reportes señalaron que, antes del anuncio de este miércoles, permanecían bloqueadas alrededor de 70 cuentas bancarias relacionadas con esas indagatorias.
No obstante, la UIF no confirmó que las 40 personas físicas y morales incluidas ahora en su lista correspondan a todos los involucrados en aquella investigación, ni identificó públicamente a Taddei entre los sujetos bloqueados.
ASF también investiga posibles irregularidades en contratos electorales
El caso también llegó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que abrió una investigación de oficio sobre las contrataciones del INE.
El órgano fiscalizador identificó indicios de posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos, que deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones correspondientes.
La controversia escaló después de que se difundieran presuntas relaciones personales entre Taddei y empresarios contratistas del organismo electoral.
Antes de dejar el cargo, la entonces presidenta del INE rechazó que su administración hubiera favorecido a determinadas compañías y defendió la legalidad de los procedimientos de contratación.
Bajo la lupa, contratos de materiales electorales
Uno de los episodios que incrementó los cuestionamientos fue la contratación de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025.
Una investigación de Animal Político documentó que el INE descartó una propuesta de Talleres Gráficos de México que resultaba 34.3 millones de pesos más económica que las ofertas iniciales de empresas privadas que posteriormente recibieron el contrato por adjudicación directa.
El organismo electoral argumentó deficiencias documentales en la propuesta de Talleres Gráficos, aunque su propia evaluación reconoció que cumplía con los tiempos de entrega y las especificaciones técnicas.
Investigación alcanza a proveedores rumbo a elecciones de 2027
El bloqueo financiero y la denuncia presentada ante la FGR abren una nueva etapa de las investigaciones sobre empresas relacionadas con la organización de procesos electorales.
Corresponderá a la Fiscalía determinar si las operaciones detectadas constituyen delitos y si existen responsabilidades de empresarios, particulares o servidores públicos.
Por ahora, el expediente mantiene bajo escrutinio las contrataciones electorales, la vigilancia de los recursos públicos y los mecanismos de control del INE, en vísperas del proceso electoral federal de 2027.
La investigación financiera, sin embargo, no equivale a una sentencia ni acredita por sí misma que los involucrados hayan cometido delitos.
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