La gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó nuevamente bajo cuestionamiento, luego de que consejeros electorales exhibieron una presunta estrategia para retrasar la aprobación de documentación electoral y abrir la puerta a adjudicaciones directas de contratos para los comicios de 2027.
Durante la sesión del Consejo General de este viernes 13 de noviembre, el consejero Martín Faz advirtió que la demora de más de dos meses en la autorización de documentos electorales pudo reducir deliberadamente los plazos para realizar licitaciones públicas y generar condiciones favorables para determinados proveedores.
El señalamiento puso bajo sospecha una decisión tomada el pasado 3 de septiembre, cuando Taddei, entonces presidenta del organismo, promovió devolver a revisión un proyecto que buscaba anticipar la contratación de documentación electoral.
La acusación cobró fuerza porque el documento regresó al Consejo General prácticamente sin modificaciones sustanciales, pese a haber permanecido detenido durante más de dos meses.
Señalan posible estrategia para adjudicar contratos sin licitación
Martín Faz cuestionó que el proyecto originalmente presentado en septiembre fuera frenado bajo el argumento de que todavía existían definiciones pendientes relacionadas con distintas modalidades de votación.
Al revisar nuevamente los documentos, explicó que 13 de los 25 modelos gráficos permanecieron idénticos, otros 11 únicamente registraron modificaciones gráficas o ajustes menores de redacción y el restante no presentó cambios sustanciales.
Ante esas circunstancias, planteó que el retraso podría haber tenido una finalidad distinta a la revisión técnica.
“Hoy existen razones suficientes para preguntarnos si la decisión de retrasar esta aprobación formó parte de un esquema orientado a reducir los tiempos disponibles para licitar”, sostuvo el consejero.
Faz agregó que esa situación podría haber generado condiciones para justificar posteriormente adjudicaciones directas potencialmente favorables a determinadas empresas.
El consejero también advirtió que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral comenzó a reportar afectaciones en la programación de adquisiciones, por lo que exigió esclarecer las consecuencias administrativas de la demora.
Sus afirmaciones constituyen señalamientos que deberán investigarse y no acreditan, por sí mismas, que Taddei haya manipulado contratos o beneficiado a proveedores.
Exigen investigar retrasos y preservar documentos
La consejera Carla Humphrey respaldó la necesidad de revisar las decisiones administrativas que impidieron aprobar oportunamente el proyecto.
Recordó que la propuesta del 3 de septiembre buscaba permitir que el Instituto iniciara anticipadamente los procedimientos de contratación, con mayor margen para organizar licitaciones públicas.
Sin embargo, señaló que Taddei promovió devolver el acuerdo al área técnica, decisión que fue respaldada por otros seis votos.
Humphrey pidió establecer responsabilidades por el retraso y demandó que se conserven los oficios, comunicaciones y versiones del proyecto para reconstruir las decisiones adoptadas.
También exigió que cualquier argumento sobre la imposibilidad de realizar licitaciones esté respaldado con fechas, cálculos y evidencias técnicas.
El Consejo General aprobó por unanimidad incorporar al acuerdo instrucciones para que las áreas de Organización Electoral y Administración presenten rutas viables de contratación, así como solicitar al Órgano Interno de Control que examine los posibles retrasos injustificados, dentro de sus atribuciones. Central Electoral+1
Contratos electorales de 2027, bajo vigilancia
La controversia ocurre en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la administración de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del INE en octubre de 2026.
Investigaciones periodísticas han documentado que empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos millonarios para suministrar materiales electorales a distintos organismos del país, mediante procedimientos cuya legalidad ha sido cuestionada.
Por su parte, Taddei ha rechazado la existencia de conflictos de interés y sostenido que la Presidencia del INE no interviene directamente en la adjudicación de contratos, responsabilidad que corresponde a las áreas administrativas y técnicas del Instituto.
Más de 176 mil unidades de documentación para 2027
En la misma sesión, el Consejo General aprobó el diseño de 25 documentos electorales para los comicios de 2027, de los cuales 19 serán producidos por un proveedor externo, con un volumen estimado superior a 176 mil unidades y entregas programadas entre febrero y abril del próximo año.
El nuevo calendario de contratación será una prueba para la administración provisional encabezada por Blanca Cruz García, que enfrenta el desafío de garantizar los insumos electorales y evitar que los retrasos administrativos terminen justificando contrataciones sin competencia.
La discusión deja abierta una pregunta central: si el aplazamiento fue consecuencia de diferencias técnicas legítimas o de una maniobra para beneficiar a proveedores.
Determinarlo corresponderá a las instancias de investigación y fiscalización.
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