Para reforzar la seguridad nacional y evitar que personas extranjeras con antecedentes penales aprovechen vacíos en los controles migratorios, el PAN propuso que el Instituto Nacional de Migración (INM) consulte y verifique de manera permanente las sentencias condenatorias firmes emitidas en México y otros países.
El diputado federal Paulo Gonzalo Martínez López presentó una iniciativa para reformar el artículo 20 de la Ley de Migración, con el objetivo de dotar al INM de herramientas legales que permitan identificar antecedentes penales de extranjeros que pretendan ingresar o permanecer en territorio mexicano.
La propuesta, turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, plantea adicionar una fracción XIV a dicho artículo para establecer mecanismos permanentes de intercambio y verificación de información oficial, mediante la coordinación con autoridades nacionales y organismos internacionales.
PAN advierte riesgos por falta de controles migratorios
El legislador panista sostuvo que la delincuencia no reconoce fronteras y advirtió que una persona sentenciada por cometer delitos en otro país puede trasladarse a México sin que las autoridades migratorias necesariamente tengan conocimiento de sus antecedentes.
Consideró que la falta de mecanismos eficaces de consulta internacional genera espacios de vulnerabilidad que podrían ser aprovechados por personas que buscan evadir controles en sus países de origen.
Por ello, planteó fortalecer las capacidades del INM para acceder a información judicial oficial y verificar la existencia de sentencias penales firmes, siempre conforme a las disposiciones legales aplicables.
Martínez López argumentó que la seguridad de las familias mexicanas exige instituciones capaces de anticiparse a los riesgos, en lugar de limitarse a reaccionar una vez que se han cometido delitos.
INM podría consultar sentencias penales de otros países
La iniciativa establece que el Instituto Nacional de Migración podrá coordinarse con las autoridades nacionales competentes y, cuando resulte procedente, con organismos internacionales para verificar antecedentes penales de personas extranjeras.
Sin embargo, precisa que las consultas deberán sustentarse exclusivamente en información oficial derivada de sentencias firmes, a fin de impedir que acusaciones sin resolución judicial definitiva generen consecuencias migratorias.
PAN rechaza criminalizar a migrantes por su nacionalidad
El diputado aclaró que la reforma no pretende criminalizar a las personas extranjeras ni establecer restricciones migratorias por motivos de nacionalidad.
Señaló que la finalidad es fortalecer los controles mediante información verificable, resoluciones judiciales definitivas y valoraciones ajustadas a la legislación mexicana.
“Una persona no debe ser considerada delincuente por ser extranjera, pero tampoco puede ignorarse una sentencia penal firme emitida por una autoridad competente de otro país cuando esa información resulte jurídicamente relevante para determinar su situación migratoria en México”, sostuvo.
El legislador insistió en que la propuesta busca preservar el principio de presunción de inocencia y evitar que una simple imputación penal sea utilizada para justificar decisiones migratorias.
Buscan reforzar seguridad sin cerrar fronteras
Martínez López afirmó que México debe mantener una política de apertura para quienes llegan al territorio nacional con fines laborales, educativos, turísticos, familiares o para solicitar protección internacional.
No obstante, consideró indispensable fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información para impedir que las deficiencias en los controles migratorios sean aprovechadas por personas con antecedentes delictivos acreditados judicialmente.
La iniciativa no establece una prohibición automática de ingreso para toda persona extranjera con antecedentes penales, sino que propone ampliar las atribuciones del INM para consultar y verificar información que resulte jurídicamente relevante en la determinación de su situación migratoria.
La reforma permanece bajo análisis de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, por lo que todavía deberá superar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
Deja una respuesta