Salud Quebrada
Por Héctor González Escobar
No por estar inmersos en el entramado del caso de corrupción más grande del que se tenga memoria en la vida del Instituto Nacional Electoral y del país —por los escándalos de deshonestidad generados por la morenista Guadalupe Taddei, ex presidenta de dicho organismo, un hecho que la sociedad toda debe tener presente—, debemos dejar de mirar uno de los problemas más graves que atraviesa el Estado mexicano: la crisis de salud.
Y observe usted si no, bajo estos datos, el problema de salud de los mexicanos adquiere dimensiones catastróficas. Así lo demuestra el estudio «La Salud Quebrada: Retos, Reformas y Resultados del Sistema de Salud de México», presentado el pasado lunes 9 de noviembre por diversos especialistas en la sala Alfonso Reyes del Colegio de México.
El documento es el producto de cuatro años de investigación sobre la fragmentación del sistema de salud mexicano. El informe recorre los retos que enfrenta el sistema, las reformas que lo han transformado a lo largo del siglo XXI y los resultados de esas decisiones en la vida de las personas. Sus objetivos son aportar evidencia al debate público y fortalecer el diseño de políticas públicas en la materia.
EN EL PAÍS EXISTEN TRES EQUIPOS DE RESONANCIA Y DOS DE RADIOTERAPIA POR CADA MILLÓN DE PERSONAS
El Gobierno mexicano solo invierte el 2.8% de su PIB en salud, mientras que la OMS fija que debería ser el 6% (una meta que sí cumplen vecinos de la región como Colombia o Argentina). Además, en el país solo hay tres equipos de resonancia y dos de radioterapia por cada millón de personas. A esto se suma que la mayoría del personal sanitario trabaja en la precariedad, con salarios de miseria y jornadas excesivas.
Por si fuera poco, el último indicador señala que 44.5 millones de personas reportaron no tener acceso a la salud y que, de 2018 a 2024, la población sin asegurar en municipios pobres pasó del 6% al 62%; una realidad que echa por tierra el discurso gubernamental de que la salud en México sería mejor que la de Dinamarca.
Asimismo, seis millones de mexicanos afrontaron gastos médicos que no podían pagar, lo que provocó que muchos de ellos cayeran en la pobreza. México también ha retrocedido 30 años en el control de la muerte materna. Entre el vaivén de las últimas reformas, las hospitalizaciones de pacientes diabéticos aumentaron un 13%, mientras que la falta de diagnósticos de cáncer de mama provoca que las mujeres sin recursos tengan muchas menos posibilidades de sobrevivir. Adicionalmente, el informe revela que el número de muertes consideradas evitables en el país triplica la media de la OCDE.
LA SALUD QUEBRADA
Durante más de cuatro años, cinco investigadores del Colegio de México, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y el Instituto Nacional de Cancerología, en el marco de un proyecto internacional coordinado por el Imperial College de Londres, y financiado por el National Institute for Health and Care Research del Reino Unido, Octavio Gómez Dantés, Edson Serván Mori, Diego Cerecero García, Laura Flamand, y Alejandro Mohar Betancourt, generaron el estudio la Salud Quebrada.
En él se han dedicado a analizar los temas de escaso financiamiento (incluyendo precarización laboral para las y los trabajadores de la salud), baja cobertura, incrementos severos de los gastos empobrecedores por motivos de salud y los efectos en la salud de las personas (mortalidad materna, muertes evitables, entre otros), así como las reformas que hacen falta para encaminarnos, por fin, hacia la cobertura universal efectiva, advierten en su introducción.
El propósito de la investigación, refieren los especialistas, después de generar bases de datos con miles de casos y de completar decenas de entrevistas, es que el informe pueda servir al Gobierno para tomar decisiones. En una entrevista apareció la frase: “No tengo derecho a enfermarme”.
Los autores destacan que el objetivo no es polemizar con la administración de Sheinbaum, sino ofrecer la información y poner el tema de la salud, por fin, como prioritario en la agenda pública. Justo lo que han tratado de hacer los trabajadores del IMSS en las últimas manifestaciones: “Hemos llegado al hartazgo, por eso nos encontramos en las calles y no en los hospitales”, revelaron en su momento a El País.
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA CUBRIR 2 MILLONES DE NACIMIENTOS POR AÑO
Claudia Sheibbaum ha anunciado la creación del Sistema Nacional de Salud, que busca unir en 2027 el IMSS y el ISSSTE, con el IMSS-Bienestar, que se financia solo con presupuesto público y atiende a unas 70 millones de personas en la informalidad.
El ambicioso proyecto solucionaría uno de los grandes males del sistema mexicano: su fragmentación (una división que marca que cada ciudadano debe atenderse en un lugar distinto, con recursos y profesionales distintos, según si trabaja en una empresa, para el Estado o de manera informal). Sin embargo, aunque les “entusiasma la integración del sistema”, los investigadores mantienen que es “casi imposible alcanzar la cobertura universal sin incrementar de manera sustantiva el presupuesto”.
La meta que plantea el informe Salud Quebrada es que el presupuesto público en salud llegue al 3,5% del PIB en 2030 y al 6% en 2043, por el centenario de la creación del IMSS. Ese horizonte implicaría un salto total. Para 2027, Sheinbaum ha presupuestado el 2,9% del PIB (0,1% más que el año anterior), lo que los autores consideran insuficiente, porque no sirve para cubrir el aumento de población, unos dos millones de nacimientos al año.
Esta falta de financiación no es nueva, el país la arrastra desde hace sexenios y la ha llevado a estar en el último sitio de América Latina: Brasil tiene un gasto público en salud del 4,4% del PIB, Chile del 5,3%, Colombia del 5,7% y Argentina, del 5,9%.
El informe académico recoge que el Gobierno mexicano invierte al año 5.258 pesos (unos 280 dólares) por cada persona con seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex) y 5.664 (300 dólares) por cada una sin seguridad social, es decir, ahora el IMSS-Bienestar. Se destaca, además que cada mexicano gasta en promedio 4.000 pesos al año de su bolsillo en salud.
Sin financiamiento para operar, en el país falta equipo de alta tecnología y también insumos básicos, como camas: México cuenta con unas 140.000, lo que equivale a 1,1 camas por cada 1.000 habitantes (cuando en la región de las Américas hay 2,4 de media y el promedio de la OCDE es de 4,3). “Esta escasez se traduce en mayores tiempos de espera para una cirugía y en largas horas, e incluso días, de permanecer en una silla o en el suelo antes de que se desocupe un lugar en los servicios”, alerta el informe.
OCHO AÑOS DE RETROCESO
Según cifras del sexenio de López Obrador, 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias al incremento del salario mínimo, el aumento a las pensiones, las becas para estudiantes y los apoyos para los agricultores, y también se multiplicaron las ayudas directas. Sin embargo, en ese mismo período, también se disparó el número de ciudadanos que reportaron no tener acceso a la salud: hasta llegar en 2024, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), a 40 millones de personas.
El informe documenta la tendencia y los autores apuntan a una explicación. Entre 2004 y 2016 la proporción de hogares sin aseguramiento médico pasó del 59% al 8%. “Este cambio coincidió con la expansión del Seguro Popular, que extendió la protección formal a millones de personas”.
Cuando llegó López Obrador a la presidencia consideró que el Seguro Popular, que operaba en cada Estado, era insuficiente y recentralizó el sistema con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con el objetivo de dar más cobertura.
El cambio tomó por sorpresa al Gobierno y a beneficiarios. Después de 40 meses, el Gobierno constató que no funcionaba y creó el IMSS-Bienestar, que pasó a ser una institución pequeña que debería atender a 70 millones de personas. Ahora se modificará hacia el Sistema Universal. “¿Qué sistema de salud aguanta en ocho años tres reformas considerables“, pregunta el académico Octavio Gómez, coautor de Salud Quebrada.
La respuesta está en las cifras propias del Gobierno: para 2024, la proporción nacional de hogares que se reportaban sin aseguramiento había aumentado del 8% al 31%. Esto fue mayor en los municipios con mayor rezago, que pasaron de tener, en 2018, el 6% de los hogares sin acceso al sistema a tener el 62% en 2024.
“En seis años reapareció una brecha que había tardado más de una década en cerrarse”, insiste el informe. Por ejemplo en Chiapas, la evolución de personas que se reportan aseguradas es la siguiente: 18% en el año 2000, 81% en 2020, y 36% en 2023. La mismo curva aparece en Guerrero y Oaxaca, pero no en Aguascalientes o Nuevo León, que se mantienen en el 90% de población asegurada en 2023.
HAY MUCHOS DESINCENTIVOS PARA ACUDIR AL SISTEMA PÚBLICO
El seguro popular, que no tenía hospitales propios, era una póliza con la que se podía ir a centros médicos. Cuando desapareció, la instrucción era poderse atender solo presentando la Clave Única de Registro de Población, CURP. “Pero vas a intentar atenderte y no te reciben. O vas a intentar atenderte y se tardan mucho. O vas a intentar atenderte y no hay el medicamento. Son muchos desincentivos para ir al sistema público”, apunta la investigadora del Colegio de México y autora, Laura Flamand: “Entonces, esas personas tienen el derecho a la protección de la salud, pero no saben que lo tienen o saben que lo tienen, pero no saben a quién acudir cuando lo necesitan, o incluso acuden pero les niegan el acceso”.
Esto hizo que en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2024, solo 4,5 millones de personas dijeron que su protección de salud venía del IMSS-Bienestar (solo el 6% de los que en realidad optaban a ella). “Eso ahora lo están haciendo mucho mejor, con la credencialización, que es un primer paso: informarle a las personas, esta es tu garantía de que tienes esta protección pública a la salud”.
El escenario de 2018 les demuestra a los autores que México si puede conseguir un sistema de salud digno, que de hecho, entonces, estuvieron muy cerca. “Hemos tenido muchos momentos en la historia del sistema de salud en México, donde pudimos construir instituciones robustas”, apunta Flamand: “Si dedicamos suficientes recursos, lo ponemos como prioridad nacional, le damos atención al personal, podemos dar muy buenos resultados en salud para la población, independientemente de su nivel de ingreso, de dónde viven, de si son indígenas o no. Sabemos que hay muchas cosas muy desesperanzadoras en el informe, pero nos parece que hay mucho por construir, por eso es queremos llamar la atención”.
QUE NADIE DIGA EN MEXICO “NO TENGO DERECHO A ENFERMARME”
Veinticinco años de retos – establece el informe – reformas y resultados nos dejan una lección: el sistema de salud se puede reparar dando continuidad a lo que funciona, más allá de los ciclos políticos y las inclinaciones ideológicas. Es fundamental aprender de los aciertos y los errores de cada reforma para tomar decisiones basadas en datos, inclusivas en términos sociales y factibles desde el punto de vista político.
Con estos principios en mente, se resume en el informe, proponen cinco líneas de acción. En el corto plazo: consolidar el Imss-Bienestar en los estados; fortalecer la capacidad preventiva y reconstruir la cadena de suministro de medicamentos. En el mediano y largo plazo: elevar el gasto público en salud al 3.5% del pib en 2030 y al 6% en 2043; además de construir un pacto nacional que convierta la cobertura universal en una política de Estado.
Y concluye: Reparar el sistema significa, en última instancia, que nadie en México tenga que decir “no tengo derecho a enfermarme”.
ALACENA
Una imperdible. El encabezado de El Universal publicado el pasado martes 10, “Diputados de Morena Lanzan campaña para sacudirse a Taddei”, desvela la trama palaciega y el grado de desesperación del gobierno de la 4T por desmarcarse del escándalo por los contratos millonarios otorgados a empresas proveedoras de materiales y servicios electorales.
El tema va mucho más allá. La comunicación política tiene sus reglas. Una de ellas consiste en anticiparse a las crisis, construir argumentos y tratar de imponer una interpretación de los acontecimientos. Pero cuando esa estrategia se convierte en una instrucción colectiva para repetir una misma versión de los hechos, la frontera entre informar, defender y manipular la opinión pública comienza a desdibujarse.
Eso es precisamente lo que parece haber ocurrido al interior de Palacio Nacional y en las filas de Morena.
El pasado 5 de noviembre, los 254 diputados federales de Morena recibieron en sus teléfonos celulares un mensaje con los llamados «ejes estratégicos narrativos». La instrucción, atribuida a la vocería del grupo parlamentario en San Lázaro, encabezada por Arturo Ávila, y al diputado Sergio Gutiérrez Luna, consistía en salir a las redes sociales para fijar una posición común sobre las presuntas irregularidades en el INE.
La estrategia, según la información periodística difundida por El Universal, habría sido resultado de reuniones entre los liderazgos parlamentarios y la dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel.
El propósito era claro: trasladar el origen de la presunta corrupción a las administraciones anteriores, particularmente al periodo en que Lorenzo Córdova presidió el INE, y reducir el costo político que los señalamientos pudieran representar para la actual administración morenista.
Para ello, se distribuyeron cinco líneas discursivas que los legisladores debían replicar en Facebook, Instagram y X.
La primera, contundente y sin matices: «Esto es una mafia electoral».
Las siguientes apuntaban directamente contra Lorenzo Córdova, a quien se responsabilizaba de conocer y permitir contratos por más de dos mil millones de pesos entre los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), favoreciendo a cinco empresas relacionadas con Alfredo Hernández.
También se buscaba establecer una conexión política entre el expresidente del INE, Juan Carlos Padilla Aguilar y el partido Somos, además de colocar a Guadalupe Taddei dentro de esa misma estructura, bajo el argumento de que su llegada a una responsabilidad electoral habría tenido lugar durante la gestión de Córdova.
No se trataba, por tanto, de una serie de posicionamientos espontáneos de legisladores preocupados por la transparencia electoral. Era una línea de comunicación previamente elaborada, con destinatarios, argumentos y plataformas perfectamente identificados.
Y los diputados cumplieron.
Las redes sociales comenzaron a reproducir mensajes prácticamente idénticos, con los mismos señalamientos y las mismas conclusiones. La coincidencia no era casual: respondía a una estrategia de comunicación centralizada.
Ni tardo ni perezoso el propio Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, se sumó a la operación discursiva. En sus redes publicó:
«La Presidenta @Claudiashein tiene razón, durante más de dos décadas una mafia electoral se enquistó en el @INEMexico. Por eso, el órgano electoral necesita un saneamiento total».
Y agregó que había pedido a sus compañeros de bancada en el Estado de México mantenerse unidos y respaldar al “gobierno de nuestra jefa de Estado”.
Ante la embestida dirigida a través de dicha campaña, el analista Raymundo Riva Palacio advierte en su columna del 12 de noviembre: “La cruzada de Claudia Sheinbaum al frente del esfuerzo de purificación de la ‘4T’ atribuyendo al pasado la corrupción puede producirle un daño político más profundo que el escándalo mismo del INE, porque está deteriorando su autoridad moral, la credibilidad de su palabra y, eventualmente, tirando una puñalada a la investidura presidencial”.
Así o más claro.
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