La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ante el Senado una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y garantizar una justicia pronta y expedita.
En conferencia matutina, la mandataria subrayó que “no pueden pasar 20 años para resolver un caso”, en referencia a los prolongados litigios que han marcado el sistema judicial mexicano.
La propuesta forma parte del paquete de reformas al Poder Judicial impulsado por su administración, y busca cerrar los vacíos legales que permiten la interposición de múltiples amparos incluso después de una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Se han dado casos de amparo sobre amparo, y eso impide que haya justicia real”, afirmó Sheinbaum.
Entre los puntos centrales de la iniciativa destacan:
• La reducción de tiempos procesales, con plazos máximos para la emisión de sentencias fuera de audiencia constitucional.
• La regulación de las suspensiones provisionales y definitivas, evitando que se utilicen como herramientas dilatorias.
• La incorporación del concepto de “interés legítimo” en el artículo 5 de la Ley de Amparo, con base en criterios de la SCJN, para proteger derechos colectivos como el medio ambiente.
• La digitalización de promociones y notificaciones, priorizando la vía electrónica para agilizar trámites judiciales.
Además, la reforma contempla medidas específicas para evitar que un solo juez pueda frenar decisiones de interés público, como obras estratégicas, seguridad nacional o bloqueos financieros.
En el ámbito fiscal, se propone declarar improcedentes ciertos recursos contra créditos fiscales ya firmes, con el fin de evitar litigios innecesarios y fortalecer la eficiencia recaudatoria.
Sheinbaum enfatizó que la iniciativa no busca debilitar el derecho de los ciudadanos a ampararse frente a actos de autoridad, sino garantizar que ese derecho se ejerza de manera justa y sin abusos.
“Por supuesto, se defiende al ciudadano frente al acto de autoridad, pero la ley debe ser más ágil”, sostuvo.
La propuesta será discutida en comisiones durante los próximos días, y contará con la participación de la consejera jurídica Ernestina Godoy y el exministro Arturo Zaldívar, quienes explicarán los alcances técnicos y constitucionales de la reforma.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca modernizar el sistema judicial mexicano, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y evitar que la justicia se convierta en una cadena interminable de recursos.
“El objetivo es dar certeza jurídica y que los procesos no se conviertan en una cadena interminable de recursos”, aseveró.
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