En una reunión de alto nivel en la sede de la Organización de Estados Americanos, en Washington D.C., el presidente y fundador de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, presentó formalmente una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por una presunta persecución política iniciada en 2023.
La presentación se realizó ante Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión, y denuncia una estrategia coordinada “fiscal, judicial y administrativa” para restringir su libertad de expresión y participación en el debate público, en violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Entre los señalamientos, Salinas Pliego expuso la “criminalización de la crítica”, al documentar el uso de vocerías oficiales y medios para dañar su reputación, incluidas “más de 300 conferencias matutinas dedicadas a sus asuntos”. También acusó “hostigamiento administrativo” mediante auditorías excesivas a empresas de Grupo Salinas, así como la “captura del Poder Judicial” tras la reciente reforma judicial, que —dijo— ha erosionado la independencia de los tribunales.
En materia fiscal, afirmó que, pese a su disposición a resolver obligaciones conforme a la ley, el Estado respondió con “negativas y trato discriminatorio”, lo que “evidencia un fin coercitivo y no recaudatorio”.
“El caso trasciende lo personal: es un aviso sobre la crisis institucional y un llamado a defender la libertad y el Estado de Derecho”, señaló. La petición solicita que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición que restauren la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad.
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