El diputado César Israel Damián Retes presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y ampliar la licencia de maternidad con goce de sueldo a 52 semanas posteriores al parto, con el objetivo de fortalecer la protección de las madres trabajadoras y garantizar mejores condiciones de salud y cuidado durante el primer año de vida de niñas y niños.
La propuesta, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, modifica el artículo 170 de la legislación laboral y establece que seis de esas semanas podrán disfrutarse antes de la fecha de alumbramiento.
El proyecto también contempla ampliar el descanso cuando la hija o hijo nazca con alguna discapacidad o requiera atención médica hospitalaria.
Además, prevé que en casos de adopción las madres trabajadoras puedan acceder igualmente a 52 semanas con goce de sueldo a partir del día en que reciban al menor.
La iniciativa añade una licencia adicional de hasta 26 semanas sin goce de sueldo, una vez concluido el periodo pagado, con garantía de reincorporación al empleo, siempre que no hayan transcurrido más de 78 semanas desde la fecha del parto.
De acuerdo con el documento, la reforma busca armonizar las políticas laborales con las necesidades reales de las familias, fortalecer la maternidad, promover el bienestar infantil y avanzar hacia condiciones más equitativas para las mujeres en el mercado laboral.
“El esquema vigente genera una tensión entre el retorno laboral a las doce semanas y las recomendaciones de salud para la lactancia exclusiva durante seis meses”, expone la iniciativa.
El legislador argumenta que la protección prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija un mínimo de seis semanas antes y seis después del parto, pero no impide ampliar esos beneficios conforme a las necesidades sociales, sanitarias y económicas actuales.
“Esta ampliación es una medida de progresividad de derechos, que garantice condiciones para el cuidado y la salud materno-infantil durante el primer año de vida, sin contravenir el piso constitucional”, sostiene.
El documento añade que el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo recomienda financiar estas prestaciones mediante esquemas de seguridad social, a fin de que no recaigan directamente en empleadores y se reduzcan prácticas de discriminación laboral hacia mujeres en edad reproductiva.
También señala que México cuenta con una base institucional para ello a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque reconoce que la ampliación requerirá ajustes normativos y financieros.
Entre los datos expuestos, se indica que de 24.3 millones de mujeres ocupadas en el país, 55.9 por ciento se encuentra en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni licencias remuneradas.
Asimismo, refiere que 40 por ciento de las mujeres sin empleo remunerado brinda lactancia materna exclusiva, mientras que entre quienes trabajan fuera del hogar la proporción cae a 14 por ciento, reflejo de las dificultades para conciliar empleo y cuidados en los primeros meses de vida.
Deja una respuesta