El gobierno de Chihuahua colocó en el fallecido jefe regional de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, la responsabilidad de los enlaces y la coordinación con funcionarios de Estados Unidos que murieron tras un operativo contra laboratorios clandestinos en la sierra del estado, según reportes surgidos tras la investigación interna abierta por la administración estatal.
La controversia se originó por el accidente del 19 de abril, cuando una camioneta oficial cayó a un barranco después de un despliegue en el municipio de Morelos. En el percance murieron dos estadounidenses y dos agentes locales, entre ellos Oseguera y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes. La operación había sido presentada inicialmente como un golpe relevante contra la producción de drogas sintéticas.
En los primeros días posteriores al hecho, la Fiscalía estatal sostuvo que los estadounidenses eran instructores de drones y que no participaron directamente en la intervención. Sin embargo, versiones posteriores de medios estadounidenses y de autoridades federales mexicanas señalaron que sí estaban en misión oficial y que su presencia no fue informada al gobierno federal.
El Gabinete de Seguridad federal informó además que ninguno de los dos contaba con acreditación para participar en acciones operativas en México; uno habría ingresado con visa de turista y otro con pasaporte diplomático. El gobierno federal subrayó que la ley mexicana prohíbe la intervención directa de agentes extranjeros en operativos dentro del territorio nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió explicaciones a Chihuahua y advirtió que una situación similar “no debe repetirse”, al insistir en que toda cooperación bilateral debe sujetarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. También señaló fallas del gobierno estatal por solicitar colaboración sin los conductos institucionales correspondientes.
La crisis derivó en la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui, mientras el caso abrió un nuevo frente de tensión entre la Federación y el gobierno de Maru Campos, además de reactivar el debate sobre soberanía y presencia de agencias estadounidenses en tareas de seguridad en México.
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