La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y en delitos relacionados con armas de alto poder.
Según la acusación formal, difundida el 29 de abril de 2026, los imputados habrían conspirado con líderes de la facción de Los Chapitos para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, a cambio de sobornos y respaldo político. Además, se les atribuye haber utilizado sus cargos públicos para proteger las operaciones del cártel, evitando investigaciones, detenciones y procesos judiciales.
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. El fiscal Jay Clayton sostuvo que estas organizaciones “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos”, mientras que el director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que el caso evidencia un “esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas”.
Funcionarios señalados
Además de Rocha Moya, la lista incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; así como a Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
De acuerdo con el expediente, todos enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos y por posesión —y conspiración para poseer— ametralladoras y dispositivos destructivos. Las penas contempladas van de un mínimo de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
En el caso de Juan Valenzuela Millán, se agregan delitos de secuestro con resultado de muerte, lo que podría implicar sanciones adicionales más severas bajo la legislación estadounidense.
Postura de los acusados y del gobierno mexicano
El gobernador Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que “carecen de veracidad y fundamento alguno”, al tiempo que calificó el señalamiento como parte de una estrategia política que, dijo, atenta contra la soberanía nacional.
En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió la solicitud de detención con fines de extradición por parte de Estados Unidos; sin embargo, tras una revisión jurídica inicial, señaló que el expediente “no cuenta con elementos de prueba”.
La dependencia turnó el caso a la Fiscalía General de la República para determinar si existen indicios suficientes para proceder conforme al Tratado de Extradición bilateral. Asimismo, adelantó que emitirá un extrañamiento diplomático por la forma en que se hizo pública la acusación.
Contexto y alcances
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados formaban parte de una red de protección institucional que permitió al Cártel de Sinaloa mantener y expandir sus operaciones de tráfico de drogas durante años.
No obstante, subrayaron que los cargos son únicamente acusaciones formales y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
El caso abre un nuevo frente de tensión en la relación bilateral en materia de seguridad y justicia, particularmente en torno a la cooperación contra el narcotráfico y los límites de la jurisdicción estadounidense sobre funcionarios extranjeros.
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