La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la divulgación pública de la acusación emitida por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría afectar el proceso de una eventual extradición, al considerar que se violaron principios de confidencialidad establecidos en los mecanismos de cooperación internacional.
En conferencia de prensa, el vocero de la institución, Ulises Lara López, afirmó que el gobierno mexicano ya fue notificado de solicitudes de detención provisional con fines de extradición, pero subrayó que éstas deberán ser analizadas bajo el marco legal nacional.
El funcionario enfatizó que no se concederá ninguna extradición sin que existan pruebas suficientes que sustenten los señalamientos hechos por autoridades estadounidenses, por lo que la FGR abrió una investigación para determinar si hay elementos probatorios que respalden la acusación.
Asimismo, Lara López explicó que, en caso de que las indagatorias arrojen indicios sólidos, el proceso implicaría pasos adicionales debido al fuero constitucional del mandatario estatal. En ese escenario, sería necesario iniciar un procedimiento de desafuero antes de cualquier orden de aprehensión o entrega a otro país.
La fiscalía también cuestionó que la información sobre el caso se haya hecho pública, al señalar que este tipo de solicitudes internacionales suelen manejarse bajo reserva, precisamente para no comprometer los procesos legales ni afectar su viabilidad.
El caso surge luego de que autoridades de Estados Unidos acusaran a Rocha Moya y a otros funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que derivó en solicitudes de extradición que ahora son revisadas por el gobierno mexicano.
La FGR insistió en que cualquier acción dependerá estrictamente de la existencia de pruebas y del cumplimiento de los procedimientos legales establecidos en México.
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