La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó una estructura de relaciones empresariales y personales vinculadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por siete empresas, 83 personas y 89 vínculos corporativos, que abrió interrogantes sobre posibles conflictos de interés, prácticas indebidas y responsabilidades legales en los procesos de contratación pública del organismo electoral.
De acuerdo con el documento denominado Mapa de Relaciones de Investigación: Empresas y personas vinculadas, el organismo fiscalizador detectó conexiones entre Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, además de otras sociedades mercantiles que comparten socios, representantes, apoderados o personas relacionadas con sus órganos de administración.
La investigación establece que cinco personas aparecen vinculadas tanto con Corporativo ZEG como con Cajas Graf, mientras que otros participantes mantienen relaciones societarias o de representación con empresas del mismo entramado.
“Los hallazgos revelaron conexiones entre las empresas ZEG, Graf, Formas Finas y Seriplast, destacando que cinco personas aparecen vinculadas tanto con ZEG como con Graf, además de otras relaciones corporativas entre las sociedades identificadas”, señala textualmente el documento.
En el mapa de relaciones figuran César N., Omar N., Fernando N. y Raymundo N. como personas que vinculan a Corporativo ZEG con Cajas Graf.
Los cuatro aparecen conectados mediante distintas modalidades de participación corporativa, entre ellas relaciones como socios o accionistas, integrantes de órganos de administración, apoderados, representantes o delegados, de acuerdo con la simbología del esquema.
A ellos se suma Alejandro N., identificado como socio de Corporativo ZEG y delegado de la asamblea de Formas Finas y Materiales, lo que constituye otro vínculo entre compañías proveedoras relacionadas con el sector electoral.
La ASF destaca expresamente esta relación al señalar que Alejandro N. figura como socio de ZEG y delegado de las asambleas de Formas Finas, circunstancia que forma parte de los indicios sujetos a revisión.
Extrabajador del INE aparece como apoderado de Corporativo ZEG
Uno de los hallazgos relevantes corresponde a Jonathan N., identificado como extrabajador del Instituto Nacional Electoral y apoderado de Corporativo ZEG.
Su participación adquiere relevancia dentro de la investigación por el antecedente laboral en el organismo electoral y su posterior vinculación con una empresa proveedora relacionada con contrataciones públicas.
El documento consigna que Jonathan N. reportó percepciones por 601 mil 751.04 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026, aunque las láminas difundidas no especifican el origen de esos recursos ni permiten establecer que correspondan a pagos indebidos.
La ASF incluyó este caso entre los antecedentes que ameritan profundizar en las revisiones, particularmente para determinar si las relaciones laborales y de representación empresarial pudieron generar conflictos de interés.
Proveedores relacionados con ZEG participaron en PAC por 21.3 millones de pesos
Otro apartado del mapa de investigación se refiere a los Procedimientos de Acreditación de Conformidad (PAC), bajo el encabezado “PAC-Certificaciones revocadas”.
En ese segmento se establece que proveedores de Corporativo ZEG trabajaron con PAC por un monto de 21.3 millones de pesos, una cifra relevante dentro de los antecedentes expuestos por el órgano fiscalizador.
No obstante, las imágenes no precisan cuántas certificaciones fueron revocadas, cuáles fueron los motivos de esas determinaciones ni si el monto citado corresponde específicamente a procedimientos afectados por las revocaciones.
Por ello, el hallazgo representa una línea adicional de revisión, sin que la información presentada permita afirmar que los 21.3 millones de pesos constituyan un daño al erario.
Cajas Graf, Seriplast y otras empresas aparecen conectadas
El esquema también identifica a Tatiana N. como una persona vinculada con Cajas Graf y Seriplast de México, estableciendo una conexión adicional entre ambas compañías.
Asimismo, Cajas Graf aparece relacionada con Tol Producciones dentro del mapa corporativo, mientras que Corona J.E. y Comercializadora JVLT forman parte del conjunto de siete empresas contempladas en la investigación.
Las conexiones fueron representadas mediante líneas que distinguen cuatro tipos de relaciones: socio o accionista; administración y órganos corporativos; apoderado o representante; y delegado o solicitante.
Esta clasificación permite identificar las distintas funciones que desempeñan las personas vinculadas con las empresas, aunque la existencia de relaciones societarias o comerciales no constituye, por sí misma, una irregularidad administrativa o penal.
La revisión busca establecer si alguna de esas conexiones tuvo consecuencias en los procesos de contratación, adjudicación o supervisión de servicios y bienes destinados al Instituto Nacional Electoral.
ASF advierte posibles conflictos de interés y responsabilidades legales
En sus conclusiones, el organismo fiscalizador sostiene que los vínculos identificados deben analizarse con mayor profundidad para determinar si existieron conductas contrarias a las disposiciones que regulan las contrataciones públicas.
“Estas conexiones corporativas y antecedentes laborales constituyen indicios que ameritan profundizar en la revisión de las contrataciones públicas, a fin de determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales”, advierte el documento.
La investigación coloca bajo revisión las relaciones entre proveedores, integrantes de empresas y personas con antecedentes laborales dentro del INE, principalmente por la posibilidad de que algunas de estas conexiones hayan tenido incidencia en decisiones relacionadas con recursos públicos.
Los hallazgos adquieren especial relevancia ante la necesidad de verificar que las contrataciones electorales se desarrollen bajo condiciones de transparencia, competencia y ausencia de conflictos de interés.
Sin embargo, las láminas de la ASF no identifican resoluciones definitivas de responsabilidad administrativa, sanciones contra las compañías involucradas ni determinaciones judiciales que acrediten la comisión de delitos.
El mapa de investigación deja abiertas nuevas líneas de fiscalización sobre las siete empresas y las 83 personas incluidas en el análisis, con el propósito de esclarecer el alcance de sus 89 vínculos y determinar si las relaciones documentadas tuvieron efectos indebidos en las contrataciones públicas del INE.
Deja una respuesta