El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia penal contra su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala, por cinco presuntos delitos: enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades, en medio de señalamientos por posibles irregularidades en la asignación de contratos públicos.
La denuncia será presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque su entrega, prevista inicialmente para el miércoles 4 de noviembre, fue aplazada debido a que el documento continúa bajo revisión jurídica.
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz, explicó que los equipos legales afinan el escrito, que deberá ser examinado por las 10 consejerías del organismo antes de su presentación.
La determinación ocurre después de la salida de Taddei, quien encabezó el Instituto desde abril de 2023 hasta octubre de 2026, y en medio de investigaciones sobre presuntos beneficios económicos otorgados a empresas proveedoras.
INE investigará contratos y presunto desvío de recursos
Uno de los principales ejes de la denuncia será la revisión de las contrataciones realizadas por el organismo electoral desde 2023, particularmente aquellas relacionadas con empresas señaladas por posibles conflictos de interés y beneficios indebidos.
Entre los contratos bajo escrutinio destaca la licitación para la producción de credenciales para votar, adjudicada a CosmoColor, en colaboración con Icard Solutions y Talleres Gráficos de México.
La revisión también contempla grabaciones difundidas públicamente en las que el empresario José Alfredo Hernández Casillas presuntamente conversa con Taddei sobre ganancias económicas vinculadas con contratos del organismo.
Los consejeros pretenden que la Fiscalía analice esos materiales y busque las grabaciones originales para establecer su autenticidad, contexto y posible relevancia penal.
Cinco delitos bajo la lupa de la FGR
La denuncia en preparación plantea investigar distintas conductas que podrían configurar responsabilidades penales.
El peculado estaría relacionado con un posible desvío de recursos públicos para beneficiar a funcionarios y particulares, mientras que el enriquecimiento ilícito implicaría revisar el patrimonio de servidores públicos presuntamente favorecidos.
Por su parte, el tráfico de influencias buscaría esclarecer posibles gestiones indebidas para beneficiar a determinadas empresas.
El ejercicio abusivo de funciones se vincularía con decisiones administrativas que pudieron generar beneficios económicos ilegales para terceros.
Finalmente, el uso ilícito de atribuciones y facultades estaría relacionado con presuntas contrataciones realizadas fuera del marco legal, conforme a las conductas previstas en el artículo 217 del Código Penal Federal.
Estas hipótesis deberán ser investigadas por el Ministerio Público, sin que los señalamientos constituyan por sí mismos pruebas de responsabilidad penal.
Crece crisis en el INE tras salida de Taddei
El caso ha provocado una crisis institucional en el organismo encargado de organizar las elecciones federales.
El Órgano Interno de Control reportó 18 expedientes relacionados con contratos otorgados durante la administración anterior, de los cuales cinco ya habían derivado en procedimientos de responsabilidades administrativas contra servidores públicos.
Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales, incluida la exconsejera presidenta, y presentó una denuncia ante la FGR. La medida es preventiva y no implica una determinación de culpabilidad.
Denuncia sigue pendiente de presentación
El consejero Arturo Castillo ha advertido que algunos de los hechos investigados podrían configurar delitos graves, incluso susceptibles de medidas cautelares como la prisión preventiva, dependiendo de la calificación jurídica que determinen las autoridades competentes.
Hasta este jueves 5 de noviembre, la denuncia institucional permanecía en preparación, por lo que todavía no se había confirmado su presentación formal ante la FGR.
La investigación podría alcanzar no solamente a Taddei, sino también a exfuncionarios, responsables de contrataciones y particulares que eventualmente resulten involucrados.
El desafío para el INE será esclarecer el destino de los recursos públicos y las decisiones administrativas bajo sospecha, mientras enfrenta el reto de recuperar la confianza institucional de cara a las elecciones de 2027.
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