Fuerzas federales detuvieron en Nuevo León a José Antonio “N”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una célula delictiva dedicada al contrabando de combustible y operaciones con recursos de procedencia ilícita, durante un operativo simultáneo realizado en tres municipios de la entidad.
La captura ocurrió tras la ejecución de cuatro órdenes de cateo en inmuebles ubicados en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, donde también fue arrestada una mujer de 41 años.
El operativo fue desplegado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Según el comunicado oficial, las investigaciones comenzaron luego del aseguramiento de un buque en Tamaulipas relacionado con el tráfico ilegal de hidrocarburos. A partir de trabajos de inteligencia, las autoridades identificaron propiedades presuntamente utilizadas por una red dedicada a introducir y comercializar combustible ilícito proveniente de Estados Unidos.
“Se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo”, señalaron las dependencias federales.
Durante los cateos fueron aseguradas nueve armas cortas, un arma larga, cartuchos, diversas dosis de droga, dinero en efectivo, equipos de cómputo y documentación. Además, las autoridades decomisaron 11 vehículos, seis motocicletas y siete tigres que se encontraban en una de las propiedades inspeccionadas.
José Antonio “N”, de 39 años, fue señalado por las autoridades como operador de una estructura vinculada al denominado “huachicol fiscal”, modalidad que implica el ingreso y comercialización irregular de combustibles para evadir impuestos y controles aduanales. Aunque el comunicado no precisa el alcance económico de la red, el caso se suma a las investigaciones federales sobre tráfico ilegal de hidrocarburos en la frontera norte del país.
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que los inmuebles cateados fueron asegurados y permanecen bajo resguardo policial.
En el comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad afirmó que las instituciones federales mantendrán las acciones coordinadas para afectar la estructura financiera y operativa de grupos criminales.
“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para debilitar las capacidades operativas y financieras de grupos delictivos que afectan a la población”, indicaron las autoridades.
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