Con el argumento de que la supervivencia de miles de recién nacidos no debe depender de su lugar de nacimiento ni de la capacidad económica de sus familias, la diputada María Graciela Gaitán Díaz presentó una iniciativa para fortalecer la protección de bebés prematuros mediante reformas a la Ley General de Salud.
La propuesta, enviada a la Comisión de Salud para su análisis, modifica los artículos 61 y 64 con el objetivo de garantizar atención médica integral, especializada, inmediata y oportuna a las personas recién nacidas prematuramente, incluyendo estabilización clínica, monitoreo permanente, tratamientos médicos, vigilancia hospitalaria y seguimiento de posibles secuelas o complicaciones.
Asimismo, establece que las autoridades de salud deberán implementar mecanismos de coordinación interinstitucional que aseguren la referencia, contrarreferencia y continuidad de la atención hospitalaria cuando las condiciones médicas lo requieran.
Para la legisladora del Partido Verde, la protección de la infancia debe comenzar desde los primeros minutos de vida.
“La justicia social comienza desde el nacimiento, por lo que ninguna niña o niño prematuro debe enfrentar una desventaja estructural por falta de atención médica especializada”, afirmó.
La iniciativa expone que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un nacimiento prematuro es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. En México, esta condición afecta cada año a entre 180 mil y 200 mil recién nacidos.
Gaitán Díaz advirtió que estos bebés enfrentan mayores riesgos debido a la inmadurez de órganos y sistemas esenciales para la vida, especialmente los relacionados con la respiración, el sistema nervioso, las defensas del organismo y el aparato digestivo.
Sin atención especializada, señaló, pueden desarrollar padecimientos graves como síndrome de dificultad respiratoria, infecciones severas, hemorragias cerebrales, enterocolitis necrosante, retinopatía del prematuro e incluso discapacidades permanentes.
La diputada sostuvo que el nacimiento prematuro debe dejar de verse únicamente como una circunstancia obstétrica y asumirse como un problema de salud pública que exige una respuesta institucional más robusta.
“Fortalecer la protección neonatal significa construir un país más igualitario, preventivo, humano y comprometido con el bienestar colectivo”, sostuvo.
El documento advierte que actualmente las posibilidades de supervivencia de un bebé prematuro siguen condicionadas por factores como la infraestructura hospitalaria disponible, el acceso a unidades de cuidados intensivos neonatales, la existencia de incubadoras y la disponibilidad de personal especializado.
En ese sentido, la legisladora denunció que persisten profundas brechas territoriales en la atención neonatal.
“No puede permitirse que la expectativa de vida de una persona recién nacida sea determinada por su código postal o nivel socioeconómico”, enfatizó.
Aunque la legislación vigente contempla acciones de atención materno-infantil, la promovente considera que existen vacíos normativos específicos respecto de la atención a personas prematuras, situación que limita la capacidad de respuesta de las instituciones de salud.
De aprobarse la reforma, explicó, se reconocerá legalmente a los recién nacidos prematuros como una población prioritaria, se fortalecerá la protección de la primera infancia, se contribuirá a disminuir la mortalidad neonatal y se avanzará en la reducción de las desigualdades en el acceso a servicios médicos especializados en el país.
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