La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió públicamente la carta difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y rechazó que las solicitudes de extradición promovidas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, puedan imponerse por encima del sistema de justicia nacional.
Desde Veracruz, Sheinbaum sostuvo que la relación con Washington debe mantenerse bajo principios de cooperación y respeto mutuo, pero sin aceptar presiones externas que vulneren la soberanía mexicana. La mandataria respaldó los señalamientos de López Obrador sobre lo que calificó como intentos de intervención política desde sectores estadounidenses.
“La justicia en México no puede estar subordinada a decisiones tomadas en otro país”, afirmó la presidenta al responder a las críticas surgidas tras la publicación de la carta del exmandatario.
El posicionamiento ocurre en medio de la controversia generada por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, a quienes fiscales estadounidenses vinculan con presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico. El gobierno mexicano ha insistido en que cualquier procedimiento debe sustentarse en pruebas suficientes y apegarse a los mecanismos legales establecidos en el tratado bilateral de extradición.
Sheinbaum también aprovechó la polémica para reivindicar el combate al crimen organizado durante el sexenio de López Obrador. La mandataria destacó las detenciones de líderes criminales realizadas entre 2018 y 2024 y rechazó las versiones que buscan relacionar al gobierno anterior con organizaciones delictivas.
La presidenta sostuvo que las acusaciones contra Rocha Moya deben ser analizadas por las instituciones mexicanas y no mediante presiones mediáticas o políticas provenientes del extranjero. En ese contexto, reiteró que la defensa de la soberanía nacional es una posición compartida por su administración y por el expresidente López Obrador.
El caso ha elevado la tensión diplomática entre México y Estados Unidos, particularmente después de que autoridades estadounidenses presentaran cargos contra funcionarios mexicanos y solicitaran procedimientos de detención con fines de extradición. El gobierno federal ha respondido que no procederá sin evidencia suficiente y conforme al marco jurídico mexicano.
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