Entre el dolor profundo de una comunidad entera, globos blancos y música de tambora, los restos del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez regresaron finalmente a su tierra natal en la región Mixteca para recibir el último adiós. El joven de 26 años, egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, fue sepultado en el panteón municipal tras haber permanecido desaparecido por más de cinco meses. Su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa.
El cortejo fúnebre, que caminó desde el domicilio de la familia hacia el cementerio, se convirtió en una manifestación de indignación colectiva. Vecinos, familiares y defensores de derechos humanos acompañaron a doña Socorro Osorio, madre del joven, exigiendo justicia penal y el esclarecimiento de un crimen que ha conmovido a nivel nacional e internacional.
«Pablo tenía en su corazón, en sus manos, un deseo: hacerle una casita a su mamá, sacar adelante a sus hermanos, construir sueños que fueron arrebatados por criminales de este país. No es justo que en este país vivamos con miedo, que nuestros hijos que se van a trabajar, a estudiar, regresen en un ataúd», sentenció Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
El activista remarcó con severidad las fallas institucionales del Estado: «En México existe la desaparición forzada de personas, en México hay impunidad. Justicia para las madres que buscan a sus hijos debajo de una piedra o en una fosa».
Un secuestro captado en tiempo real
Pablo Osorio laboraba desde junio de 2025 como supervisor de túneles en la autopista Durango-Mazatlán para la empresa CICAR S.A. de C.V. La mañana del pasado 23 de enero, mientras esperaba el transporte público en una parada sobre la carretera Villa Unión-Durango, fue interceptado por un grupo de hombres armados.
El rapto ocurrió de una manera desgarradora: el joven se encontraba hablando por teléfono con su novia cuando fue abordado. Ella alcanzó a escuchar voces masculinas y la última frase de Pablo intentando mediar: «Lo podemos arreglar», antes de que la llamada se cortara definitivamente.
Ese mismo día, y en la misma zona de Concordia, un grupo criminal privó de la libertad a diez trabajadores mineros vinculados a la firma canadiense Vizsla Silver Corp.
Alertas internacionales y el hallazgo
Ante la lentitud de las investigaciones iniciales, el caso escaló rápidamente. El 2 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la Acción Urgente No. 2220/2026. Meses después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la medida cautelar MC-198.26 debido a las inconsistencias reportadas por los familiares.
Irónicamente, apenas un día después del reporte de desaparición, las autoridades locales habían localizado dos fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en Concordia. Tras un arduo proceso, dudas en los primeros exámenes forenses y una segunda revisión pericial exigida por la familia en el Centro Médico Forense Federal de la FGR, los restos asignados como «indicio C» fueron plenamente identificados como los de Pablo Osorio. Sus restos óseos yacían junto a los de los diez mineros también secuestrados.
Aunque el regreso de Pablo a Tlaxiaco cierra un ciclo de dolorosa incertidumbre para su madre y hermanos, el reclamo social apenas comienza. La comunidad oaxaqueña y los organismos civiles advierten que no descansarán hasta que la Fiscalía General de la República capture y procese a los responsables materiales e intelectuales de la masacre en el sur de Sinaloa.
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