El gobierno de Claudia Sheinbaum hizo públicas las comunicaciones sostenidas con autoridades de Estados Unidos sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el grupo criminal Los Chapitos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció en los mensajes intercambiados con autoridades estadounidenses que México no permitirá que avance ningún procedimiento judicial mientras no existan elementos probatorios sólidos que sustenten las acusaciones contra los 10 funcionarios y exfuncionarios señalados.
De acuerdo con la información difundida, la postura mexicana se basa en tres principios: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional. La Cancillería señaló que no habrá protección para quien haya cometido un delito, pero tampoco se actuará únicamente con base en señalamientos sin respaldo suficiente.
Las solicitudes estadounidenses forman parte de una investigación relacionada con presuntos nexos entre funcionarios de Sinaloa y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados se encuentra Rocha Moya, cuyo caso ha generado tensión diplomática entre México y Estados Unidos.
El intercambio revelado muestra que la administración de Sheinbaum busca mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad, pero bajo la exigencia de que Estados Unidos entregue información verificable que permita sustentar legalmente cualquier acción contra ciudadanos mexicanos.
La decisión de transparentar las conversaciones ocurre en medio del debate sobre la calidad de las pruebas presentadas por autoridades estadounidenses. La presidenta Sheinbaum ha cuestionado previamente la suficiencia de algunos elementos difundidos por Washington en el expediente relacionado con los funcionarios señalados.
Con la publicación de estos mensajes, el gobierno mexicano marca una línea frente a las solicitudes de extradición: colaboración con Estados Unidos, pero sin aceptar procedimientos basados únicamente en acusaciones no acreditadas.
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