La Embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta sentencia de 14 años de prisión emitida contra el ciudadano mexicano Gilberto Ramos Arreguín por el denominado Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk, al asegurar que ese órgano carece de cualquier reconocimiento internacional y que sus resoluciones no tienen validez jurídica.
En un posicionamiento oficial, la representación diplomática calificó a la llamada República Popular de Donetsk como un «pseudoestado terrorista» creado, financiado y controlado por la Federación de Rusia para sostener su invasión contra Ucrania, por lo que sostuvo que ninguna de sus instituciones judiciales posee legitimidad bajo el derecho internacional.
La embajada afirmó que la condena dictada en ausencia contra Ramos Arreguín forma parte de una estrategia de propaganda del Kremlin y reiteró que ningún país democrático reconoce la soberanía de esa entidad ni la validez de sus decisiones judiciales. Asimismo, pidió a los medios de comunicación mexicanos evitar reproducir narrativas impulsadas por Rusia que, aseguró, buscan desinformar y afectar la relación entre México y Ucrania.
De acuerdo con la versión difundida por las autoridades prorrusas, Gilberto Ramos Arreguín, de 29 años, fue declarado culpable de actuar como «mercenario» tras incorporarse en marzo de 2022 a las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde presuntamente participó en operaciones militares hasta marzo de 2026. El fallo le impone 14 años de prisión en un penal de régimen estricto y el decomiso de casi 3.9 millones de rublos. El juicio fue realizado en ausencia del mexicano.
La misión diplomática ucraniana rechazó esa caracterización y sostuvo que los extranjeros incorporados formalmente a las Fuerzas Armadas de Ucrania son combatientes legítimos protegidos por el derecho internacional humanitario y no pueden ser considerados mercenarios.
Además, acusó al gobierno ruso de incurrir en una contradicción al calificar de mercenarios a quienes combaten por Ucrania, mientras —afirmó— emplea a miles de combatientes extranjeros provenientes de países como Corea del Norte, Cuba, naciones africanas y Asia Central para sostener su ofensiva militar.
La embajada subrayó que los presuntos crímenes cometidos durante la invasión rusa deberán ser investigados y juzgados por instancias reconocidas internacionalmente, como la Corte Penal Internacional y otros tribunales competentes, cuyas resoluciones sí tienen fuerza jurídica internacional.
Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la condena anunciada por las autoridades prorrusas contra el ciudadano mexicano.
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