La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Anayeli Muñoz Moreno, planteó armonizar la legislación mexicana con los acuerdos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para fortalecer el acceso a la justicia de mujeres y niñas, combatir la violencia de género y eliminar las barreras que perpetúan la desigualdad.
Al presentar ante la Cámara de Diputados su informe de actividades sobre la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), realizada en marzo pasado en Nueva York, la legisladora sostuvo que la diplomacia parlamentaria debe servir para incorporar al marco jurídico nacional las mejores prácticas internacionales en materia de igualdad de género.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, señala que durante los trabajos organizados por la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres se aprobó un conjunto de resoluciones que colocan el acceso a la justicia como eje central para avanzar hacia la igualdad sustantiva.
Entre los principales acuerdos destaca la revisión y reforma de leyes que mantienen prácticas discriminatorias contra mujeres y niñas en ámbitos como la familia, la propiedad, la herencia, el matrimonio infantil y el ejercicio de derechos.
Asimismo, se impulsó el fortalecimiento de los sistemas de justicia con perspectiva de género, mediante la capacitación de jueces, ministerios públicos y operadores jurídicos, además de protocolos para evitar la revictimización de las víctimas de violencia.
La agenda también contempla reforzar la investigación, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres, garantizar mecanismos de denuncia accesibles y confidenciales, así como ampliar la cobertura de servicios jurídicos, psicológicos y de protección.
Otro de los temas centrales fue la violencia digital, para la que se propuso fortalecer la legislación, mejorar las capacidades de investigación y ampliar la cooperación internacional frente a los delitos cometidos mediante plataformas tecnológicas.
La legisladora destacó que las conclusiones de la CSW70 también plantean atender las condiciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidad y habitantes de comunidades rurales, mediante políticas públicas diferenciadas.
Además, los acuerdos llaman a destinar mayores recursos a los sistemas de justicia, fortalecer las instituciones encargadas de la igualdad de género y mejorar la generación de estadísticas para evaluar el impacto de las políticas públicas.
Muñoz Moreno afirmó que la eficacia de estos compromisos dependerá de que cada país los traduzca en reformas legales, presupuestos suficientes y mecanismos de coordinación institucional que permitan garantizar resultados medibles.
Sostuvo que el intercambio de experiencias en organismos multilaterales fortalece el trabajo legislativo mexicano y abre la puerta para adoptar políticas públicas que ya han mostrado resultados en otros países en materia de prevención y combate a la violencia contra mujeres y niñas.
«La diplomacia parlamentaria constituye una herramienta indispensable para construir alianzas internacionales y responder a las demandas de la sociedad en materia de igualdad y derechos de las mujeres», concluyó.
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