La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa por 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación (FMF) por incumplir la legislación en materia de protección de datos personales durante la operación del sistema FAN ID, utilizado para el acceso de aficionados a los estadios.
La resolución concluyó que la FMF incurrió en dos infracciones relacionadas con el tratamiento de datos biométricos de los usuarios.
La primera consistió en no informar de manera adecuada a los aficionados que las fotografías recabadas para generar el FAN ID constituían datos personales sensibles, omisión que impidió que los titulares conocieran el alcance del tratamiento de su información y pudieran decidir de manera informada sobre su uso.
La segunda infracción fue no obtener el consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de esos datos sensibles, como exige la legislación vigente.
De acuerdo con la autoridad, la Federación únicamente solicitó a los usuarios marcar una casilla en un sitio web, sin recabar una firma autógrafa, firma electrónica o algún mecanismo de autenticación que acreditara de manera inequívoca que el consentimiento provenía del titular de los datos.
Además, la Secretaría determinó que la FMF vulneró los principios de licitud y responsabilidad, al no implementar las medidas necesarias para garantizar un tratamiento adecuado de la información personal de los aficionados.
El monto de la sanción fue calculado con base en la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos involucrados y la capacidad económica de la Federación, tomando como referencia su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
La dependencia aclaró que la notificación de la resolución se realizó conforme a los plazos previstos en la ley y al procedimiento administrativo correspondiente.
Asimismo, recordó que la Federación Mexicana de Futbol puede recurrir a los medios de defensa establecidos en el marco jurídico para impugnar la sanción. En caso de que ello ocurra, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que defenderá la legalidad de su resolución por considerar que fue emitida con estricto apego a derecho y en protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas.
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