El Gobierno federal dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) la explicación de algunos de los casos más relevantes de la agenda de seguridad nacional, entre ellos el traslado de Ismael «El Mayo» Zambada a Estados Unidos, la participación del piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias «El Jando», las investigaciones sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el homicidio del exdiputado Héctor Melesio Cuén y el envío de presuntos líderes del crimen organizado a territorio estadounidense.
En conferencias por separado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coincidieron en que la FGR será la instancia que informe sobre el contenido de las investigaciones, al tratarse de expedientes que se encuentran bajo su conducción.
García Harfuch reveló que sostuvo una reunión con funcionarios de la Fiscalía para acordar la forma en que se harán públicos los avances.
«Es la propia Fiscalía General de la República quien va a dar toda la información. Ese caso lo tiene la Fiscalía desde antes de esta administración; es el mismo caso y ellos van a dar la información pertinente.»
Precisó que aún se analiza si la información será presentada en una conferencia de prensa o mediante un comunicado institucional.
«Para eso fue la reunión ayer, para ver cómo van a dar la información. No sé si va a ser conferencia o un comunicado, pero van a dar toda la información correspondiente de manera transparente, como siempre se ha hecho.»
Sobre Mauro Alberto Núñez Ojeda, identificado como el piloto que habría trasladado a «El Mayo» Zambada a Estados Unidos, el titular de la SSPC evitó abundar por tratarse de una investigación abierta.
«Ellos tienen una investigación. También hay partes de las carpetas de investigación y de las investigaciones en curso que sólo lleva la Fiscalía.»
Añadió que el caso del asesinato del exdiputado Héctor Melesio Cuén también será explicado por la FGR.
«Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República desde que era fiscal el doctor Gertz y van a dar la información correspondiente.»
Por su parte, la presidenta Sheinbaum insistió en que el Gobierno no sustituirá a la Fiscalía en investigaciones que corresponden al Ministerio Público.
«Nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que, en el momento que tenga más información, la pueda dar a conocer. Es muy importante que se dé a conocer.»
La mandataria afirmó que las investigaciones relacionadas con Sinaloa presentan avances importantes, aunque reiteró que será la FGR quien determine cuándo hacerlos públicos.
«Va muy avanzada en la Fiscalía. Nos ha dado alguna información, no toda, y le hemos pedido que lo informe claramente al pueblo de México y a ustedes.»
Respecto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Sheinbaum sostuvo que su administración no protegerá a nadie, pero tampoco hará señalamientos sin sustento.
«No nos adelantemos. Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Y para eso hay una institución de la República que se encarga de ello, que es la Fiscalía General de la República.»
La presidenta también rechazó explicar por ahora el procedimiento mediante el cual fueron enviados a Estados Unidos presuntos integrantes del crimen organizado y señaló que primero deberá pronunciarse la Fiscalía.
«Es muy relevante que la Fiscalía General de la República dé toda la información de cómo fue que se detuvo esta persona y cómo es que se fue identificando.»
Agregó que, una vez concluida esa etapa, el Gabinete de Seguridad ofrecerá su versión sobre las decisiones operativas.
«Una vez que la fiscalía dé toda esta información, entonces ya nosotros podemos hablar.»
En ese contexto, García Harfuch defendió el traslado de presuntos líderes criminales al asegurar que continuaban operando desde cárceles mexicanas y representaban un riesgo para la seguridad pública.
«Lamentablemente, muchas veces desde el interior de las prisiones seguían haciendo alianzas con otros grupos criminales, cometiendo homicidio, extorsión y dañando al pueblo de México. Principalmente esos fueron los criterios para sacarlos de nuestro país.»
Sostuvo que varios de ellos habían frenado durante años sus extradiciones mediante actos de violencia, amenazas y corrupción.
«Estamos hablando de personas que por años y años había sido frenada sus extradiciones… habían amenazado a ministerios públicos, que habían amenazado a jueces o corrompido también a otro tipo de funcionarios.»
Asimismo, afirmó que todos enfrentaban procesos penales en México y, simultáneamente, eran reclamados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
«Todas las personas que fueron enviadas tenían investigaciones en curso en México, o tenían órdenes de aprehensión vigentes o ya cumplimentadas en nuestro país.»
Con ello, el Gobierno federal pospuso cualquier explicación de fondo sobre estos expedientes y concentró la expectativa en el informe que la Fiscalía General de la República prevé presentar en los próximos días sobre una de las investigaciones más sensibles para la relación bilateral con Estados Unidos y la estrategia de seguridad en México.
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