El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó una reforma integral al sistema de devoluciones fiscales para garantizar que los contribuyentes reciban sus recursos con mayor rapidez, al tiempo que llamó a cerrar los principales esquemas de evasión fiscal, como la facturación falsa y el denominado «huachicol fiscal».
Tras una reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre modificaciones al Código Fiscal de la Federación, el legislador sostuvo que las devoluciones oportunas permitirían a las empresas mantener el flujo de efectivo necesario para desarrollar sus actividades y fortalecer la actividad económica.
Como secretario de esa comisión, explicó que uno de los pendientes es construir un nuevo modelo de devoluciones que otorgue certeza tanto a la autoridad fiscal como a los contribuyentes mediante acuerdos conclusivos y mecanismos de conciliación que reduzcan los litigios y agilicen la recaudación.
«Huachicol fiscal» y facturación falsa, los principales boquetes
Ramírez Cuéllar afirmó que la discusión del próximo Paquete Económico deberá centrarse en cerrar dos de los mayores mecanismos de evasión fiscal del país.
Calificó a la facturación falsa y al «huachicol fiscal» como «dos de los grandes horrores tributarios» que permiten evadir miles de millones de dólares y acusó que redes integradas por políticos y empresarios han convertido ambos esquemas en delitos que afectan gravemente las finanzas públicas.
El diputado recordó que las reformas tributarias han sido constantes en los últimos años y destacó que la regulación aplicada al comercio electrónico permitió ampliar la base de recaudación y reducir espacios para el contrabando y la competencia desleal.
Explicó que las nuevas disposiciones incorporaron operaciones de bajo valor conocidas como de minimis, utilizadas por plataformas internacionales como Shein, Temu y Alibaba, además del establecimiento de nuevos aranceles para productos provenientes de países con los que México no mantiene tratados de libre comercio.
Ramírez Cuéllar acusa blindaje político a favor de Samuel García
En otro tema, el legislador morenista criticó la suspensión provisional otorgada por la ministra María Estela Ríos al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al considerar que la resolución le concede un «blindaje político y temporal» frente al juicio político promovido por el Congreso estatal.
Ramírez Cuéllar subrayó que la Suprema Corte aún no resuelve el fondo del litigio ni ha determinado que el Congreso local actuó de manera ilegal, por lo que, sostuvo, la suspensión únicamente impide que puedan ejecutarse eventuales sanciones como la destitución o la inhabilitación del mandatario.
Acusa riesgo de impunidad
El diputado cuestionó que la resolución se sustente en preservar la gobernabilidad de Nuevo León, al argumentar que el estado cuenta con instituciones y mecanismos constitucionales para garantizar la continuidad del gobierno en caso de una eventual separación del cargo del gobernador.
A su juicio, sostener que una investigación o sanción contra Samuel García pondría en riesgo la estabilidad estatal implica colocar al titular del Ejecutivo por encima de las instituciones.
También criticó el amparo concedido por una jueza federal que impide, de manera provisional, que el Congreso local vote la resolución definitiva del juicio político, al considerar que ambas suspensiones podrían prolongar el procedimiento durante varios meses.
Ramírez Cuéllar sostuvo que el gobernador ha contado con todas las garantías del debido proceso para conocer las acusaciones, ofrecer pruebas y ejercer su defensa, por lo que, dijo, no debería anticiparse la suspensión de las consecuencias legales antes de que concluyan las investigaciones.
Finalmente, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al juzgado federal resolver el caso con prontitud para evitar que las suspensiones provisionales se conviertan en un mecanismo de impunidad, y exhortó al Congreso de Nuevo León a continuar el procedimiento de juicio político y transparentar los contratos y operaciones bajo investigación.
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