La incursión del crimen organizado en el negocio del agua no tomó por sorpresa a los especialistas. Desde 2024, un informe de InSight Crime advertía que organizaciones criminales, entre ellas la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, comenzaban a expandir sus operaciones hacia el robo, control y distribución ilegal del recurso, aprovechando la creciente escasez hídrica en diversas regiones del país.
Dos años después, esa advertencia comienza a traducirse en acciones de gobierno. El estado de Michoacán anunció el despliegue de tecnología satelital respaldada por la NASA y la Unión Europea para detectar el llenado clandestino de miles de represas y combatir el llamado huachicol de agua, una actividad que autoridades y especialistas consideran cada vez más rentable para las organizaciones criminales.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el sistema estatal de vigilancia ambiental, utilizado originalmente para monitorear la deforestación y los cambios de uso de suelo, será empleado para supervisar alrededor de 35 mil represas durante la temporada de estiaje.
La estrategia permitirá detectar embalses con niveles inusuales de agua para investigar el origen del líquido utilizado y perseguir delitos ambientales a gran escala.
El Lago de Pátzcuaro refleja el impacto del robo de agua
La medida responde al deterioro de las principales fuentes de agua de Michoacán. El Lago de Pátzcuaro, uno de los mayores reservorios de agua dulce del país, perdió 42 por ciento de su superficie por efecto de la sequía y la extracción ilegal.
Durante un operativo realizado el año pasado, autoridades estatales desmantelaron un sistema clandestino de bombeo que sustraía más de 100 mil litros de agua en apenas ocho horas, mediante una red de tuberías que desviaba el recurso hacia una huerta de aguacate.
Aunque el gobierno estatal no precisó cómo se llenan ilegalmente las represas, la vigilancia satelital busca cerrar espacios a una práctica que ha crecido conforme disminuye la disponibilidad del recurso.
Los Chapitos y el control criminal del agua
El informe publicado por InSight Crime en 2024 ya advertía que el agua comenzaba a seguir la misma ruta que otros mercados ilícitos, como el huachicol de combustibles o la tala ilegal.
Durante investigaciones de campo en Culiacán, el organismo documentó que Los Chapitos imponían cobros ilegales a distribuidores comerciales de agua y controlaban su redistribución, alterando tanto el precio como el acceso al recurso.
Asimismo, reportes periodísticos señalaron que integrantes del Cártel de Sinaloa y la célula conocida como Los Mazatlecos utilizaban amenazas para apropiarse de sistemas de riego agrícola, obtener información sobre los cultivos y extorsionar a productores mediante el control del suministro de agua.
Una alerta que comenzó en 2024
El informe de InSight Crime también advertía que la limitada capacidad del Estado para vigilar las fuentes de abastecimiento y las redes de distribución, sumada al avance de la sequía, abriría mayores oportunidades para el crimen organizado.
La advertencia coincidía con otros indicadores. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) identificó alrededor de 5 mil tomas clandestinas en tuberías del norte del país, casi el triple de las detectadas cinco años antes. En paralelo, autoridades de la Ciudad de México impulsaron reformas para endurecer las sanciones contra el robo de agua.
Especialistas consultados por Connectas estiman que hasta 15 por ciento del agua en México podría perderse por extracción ilegal, reflejando la magnitud de un mercado clandestino que continúa expandiéndose.
La sequía convierte al agua en un recurso estratégico
La presión sobre el recurso se intensifica por la crisis hídrica que enfrenta el país. Estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Coahuila registran condiciones de sequía excepcional, el nivel más grave del Monitor de Sequía de México.
La escasez incluso provocó que Estados Unidos suspendiera temporalmente la entrega de agua del río Colorado a México por incumplimientos en el tratado bilateral, una medida sin precedentes en ocho décadas.
Para los analistas, el fenómeno reproduce la lógica observada con el huachicol de combustibles: conforme aumenta el valor de un recurso esencial, también crecen los incentivos para que el crimen organizado lo controle.
En Sinaloa, por ejemplo, el precio del agua aumentó cerca de 5 por ciento durante el último año, un incremento que especialistas consideran un factor adicional para que organizaciones criminales consoliden el agua como una nueva fuente de ingresos ilícitos.
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