La ofensiva de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el llamado huachicol fiscal entró este viernes a una nueva etapa con el inicio de la audiencia inicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete detenidos, señalados de integrar una presunta red dedicada al contrabando de combustibles y a la evasión millonaria de impuestos.
La diligencia se desarrolla en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde el Ministerio Público federal buscará que los ocho imputados sean vinculados a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con operaciones ilícitas de hidrocarburos.
La FGR acusa una red de contrabando de combustibles
De acuerdo con la investigación, la organización habría operado mediante importaciones presuntamente irregulares de combustibles para evitar el pago de impuestos y comercializar los productos en el mercado nacional, un esquema conocido como huachicol fiscal.
Las autoridades sostienen que las operaciones provocaron un quebranto multimillonario a las finanzas públicas y forman parte de una investigación de mayor alcance, en la que existen más órdenes de captura y otras líneas de investigación abiertas.
Ruffo rechaza los señalamientos
El exmandatario panista ha negado haber participado en actividades ilegales y sostiene que su relación con la empresa Ingemar, mencionada en la investigación, fue exclusivamente de carácter corporativo, por lo que confía en demostrar su inocencia durante el proceso penal.
Su defensa ha insistido en que las imputaciones carecen de sustento y que será el juez quien determine la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Caso con repercusiones políticas
La comparecencia de Ruffo ocurre apenas un día después de su detención y coloca nuevamente en el centro del debate la estrategia federal contra el robo y contrabando de combustibles.
El exgobernador es una de las figuras más emblemáticas del PAN al haber ganado en 1989 la primera gubernatura de oposición en la historia moderna del país, por lo que su proceso judicial ha generado reacciones tanto en el ámbito político como empresarial.
La audiencia definirá su situación jurídica
Durante la audiencia inicial, la FGR formulará la imputación y expondrá los datos de prueba con los que pretende acreditar la probable responsabilidad de los ocho acusados.
Al término de esta etapa, el juez de control deberá resolver si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso y determinar las medidas cautelares que enfrentarán mientras continúan las investigaciones.
Con información de medios locales.
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