La diputada del PRI, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud con el fin de crear el Programa Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos, Atención Temprana y Prevención del Suicidio, una estrategia que busca detectar oportunamente factores de riesgo, brindar orientación inicial, canalizar a servicios especializados y combatir el estigma asociado a la atención de la salud mental.
La propuesta, turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, adiciona el artículo 73 Quáter a la Ley General de Salud y plantea que el programa sea operado por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud en coordinación con los sectores educativo, laboral, de bienestar social y de protección de niñas, niños y adolescentes.
Atención en 72 horas y protocolos en escuelas y centros de trabajo
La reforma establece que el programa contemple capacitación anual en primeros auxilios psicológicos para personal de salud, docentes, orientadores, trabajadores sociales, personal de Protección Civil y autoridades comunitarias, con el objetivo de que puedan identificar señales de alerta y actuar antes de que una crisis escale.
También propone implementar protocolos de atención temprana en escuelas secundarias, planteles de educación media superior y superior, centros laborales, espacios comunitarios y unidades de salud.
Canalización inmediata y atención prioritaria
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es crear mecanismos voluntarios, confidenciales y libres de discriminación para identificar riesgos psicosociales.
En casos de riesgo suicida o de violencia, la persona deberá ser canalizada de manera inmediata a servicios especializados, mientras que quienes presenten un riesgo moderado tendrán derecho a atención preferente dentro de las 72 horas posteriores a su detección, periodo que la legisladora considera crítico para evitar una crisis mayor.
La propuesta también contempla servicios permanentes de orientación telefónica y digital, además de protocolos de acompañamiento para personas y comunidades después de una crisis emocional, un intento de suicidio o un fallecimiento por esta causa.
Registro estadístico y protección contra la discriminación
La iniciativa incluye la creación de un registro estadístico anónimo, protegido y desagregado que permita mejorar las políticas públicas sin vulnerar la privacidad de los usuarios.
Asimismo, establece que ninguna persona podrá ser discriminada, sancionada, excluida o privada de derechos educativos, laborales o sociales por solicitar o recibir atención en salud mental.
El PRI advierte incremento de suicidios entre jóvenes
En la exposición de motivos, Guerrero Esquivel sostiene que las tasas de suicidio e ideación suicida muestran un incremento preocupante, particularmente entre la población joven, mientras que el sistema de salud suele intervenir cuando la crisis ya evolucionó a una emergencia hospitalaria o incluso a un desenlace fatal.
La legisladora señala que uno de los principales problemas es la falta de personal capacitado para identificar factores de riesgo fuera del ámbito clínico, por lo que propone fortalecer la atención de primera línea mediante personal no especializado.
«Centinelas» comunitarios para detectar riesgos
La iniciativa plantea que docentes, trabajadores sociales, orientadores y otros integrantes de la comunidad funcionen como «centinelas», capaces de brindar escucha activa, estabilizar emocionalmente a una persona en crisis y canalizarla oportunamente hacia servicios especializados, sin que el primer contacto deba ser necesariamente con un médico especialista.
Según la diputada, este modelo democratiza el acceso a la atención emocional, combate el aislamiento provocado por el estigma y fortalece la prevención desde el entorno social.
Salud mental, una responsabilidad compartida
La propuesta incorpora el principio de corresponsabilidad intersectorial al establecer que la salud mental no debe recaer exclusivamente en el sector salud, sino involucrar también a instituciones educativas y centros de trabajo mediante protocolos preventivos y redes de apoyo.
Guerrero Esquivel argumenta que este esquema no solo permitirá reducir hospitalizaciones y optimizar recursos públicos, sino que garantizará el derecho a la vida y a la continuidad de los proyectos personales, al colocar la salud mental en el mismo nivel de prioridad que cualquier otra emergencia médica.
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