Diputados, autoridades y especialistas urgieron a modernizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) ante el cambio climático, la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la presión sobre los recursos hídricos del País.
Durante el “Foro nacional para la modernización de la LGEEPA 2026 y la protección al ambiente”, convocado por el diputado Jesús Cuanalo Araujo, del PVEM, legisladores y expertos coincidieron en que la reforma deberá fortalecer la justicia ambiental, la participación ciudadana y los mecanismos para prevenir y sancionar daños al medio ambiente.
Entre los cambios planteados están incorporar la evaluación ambiental estratégica, precisar los procedimientos de inspección y sanción y establecer mecanismos de protección para defensores ambientales.
Advierten punto de no retorno ambiental
El diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del PVEM, advirtió que México necesita una legislación con visión de largo plazo ante los efectos cada vez más visibles del cambio climático.
“Hoy vivimos cambios climáticos más que en años anteriores; formo parte de los diputados jóvenes en esta Legislatura, preocupado, porque ya soy padre, por lo que se va a heredar a los hijos”, expresó.
Miranda Barrera sostuvo que el País debe aprovechar su riqueza natural y fijar objetivos ambientales para las próximas décadas.
“México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero a veces falta creérnosla como mexicanos; creo que sí se puede, estamos en un punto de no retorno, hoy en 2026 tenemos que fijarnos metas a 20 o 30 años más”, afirmó.
Plantean reforzar justicia ambiental en la LGEEPA
Xóchitl Zagal Ramírez, diputada de Morena y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideró que la actualización de la LGEEPA permitirá incorporar una perspectiva más amplia sobre cambio climático, justicia ambiental y participación ciudadana.
La legisladora afirmó que el Congreso tendrá una tarea relevante durante el próximo periodo legislativo y reconoció la apertura de la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para llevar la discusión más allá del ámbito gubernamental.
“Tenemos una encomienda muy grande en el próximo periodo legislativo. Agradezco muchísimo a la secretaria Alicia Bárcena por ampliar la conversación y que no sea solamente al interior del sector gubernamental, sino que también se pueda abrir al público en general y al Legislativo para enriquecer el diálogo y la legislación tan necesaria, porque está demasiado desactualizada”, señaló.
Zagal pidió además establecer mecanismos eficaces para identificar y sancionar a quienes provoquen daños ambientales y fortalecer la protección de los recursos naturales y de los maíces nativos.
Expertos piden una ley que realmente pueda aplicarse
Ricardo Medina Calvario, presidente del Colegio de Biólogos de México, señaló que la discusión busca incorporar aportaciones técnicas y jurídicas que permitan no sólo modernizar la legislación, sino garantizar su aplicación.
“La idea es que expertos y biólogos brinden comentarios técnicos y jurídicos para modificar esta iniciativa de ley y que salga realmente modernizada, puntual y, sobre todo, que se pueda ejecutar”, indicó.
Advirtió que México cuenta con leyes ambientales reconocidas, como la propia LGEEPA y la legislación sobre cambio climático, pero existen problemas para ejecutarlas plenamente.
Medina planteó incluir en la reforma asuntos como degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, presión hídrica, cambio climático, justicia ambiental y acceso a la información.
Reforma ambiental incorporaría Acuerdo de Escazú
René Sánchez Garrido, director jurídico de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que el proyecto para modernizar la LGEEPA ya pasó por procedimientos de mejora regulatoria y que las observaciones recibidas serán utilizadas para fortalecerlo antes de presentarlo como iniciativa.
“El tema del Acuerdo de Escazú, que incluye la participación, no solo la transparencia y el acceso a la justicia, sino también la participación de todas y de todos, es parte de lo que se está impulsando en el proyecto de ley”, explicó.
Entre las modificaciones se contempla incorporar la evaluación ambiental estratégica, precisar los procedimientos de inspección y sanción y crear mecanismos para proteger a los defensores ambientales.
Piden evitar sanciones anticipadas
Marcos Alejandre Martínez Arana, representante del Centro de Estudios Jurídicos Ambientales A.C., reconoció el esfuerzo para actualizar el marco ambiental, pero advirtió que los nuevos instrumentos deberán contar con reglas suficientemente claras para garantizar certeza jurídica.
Cuestionó si las herramientas propuestas tienen el grado de precisión normativa necesario para cumplir sus objetivos sin generar discrecionalidad en las actuaciones administrativas.
Entre los asuntos que consideró prioritarios mencionó la evaluación ambiental estratégica, las medidas preventivas, la valoración económica del daño ambiental y la protección de los defensores del medio ambiente.
“Una medida preventiva no debe convertirse, por falta de limitación normativa, en una sanción anticipada”, alertó.
Por ello, planteó que las medidas estén sustentadas en una motivación técnica suficiente, sean proporcionales al riesgo, tengan duración limitada y puedan ser controvertidas por los afectados.
La discusión legislativa perfila así una reforma de fondo a la LGEEPA que buscará actualizar instrumentos creados para una realidad ambiental distinta y, al mismo tiempo, resolver uno de los principales problemas señalados por especialistas: que las disposiciones de protección ambiental no sólo existan en la ley, sino que puedan aplicarse efectivamente.
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