Rubén Rocha Moya volvió a sentarse en la silla de gobernador de Sinaloa, pero regresó prácticamente solo.
Después de 112 días de licencia, el morenista reasumió este viernes 21 de agosto el Gobierno estatal en medio de las acusaciones formuladas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y mientras en México continúan abiertas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Su retorno provocó una reacción en cadena dentro de la propia Cuarta Transformación: la Secretaría de Gobernación (Segob), la dirigencia nacional de Morena, senadores y diputados oficialistas, el Partido Verde y gobernadores de la 4T marcaron distancia de una decisión que calificaron esencialmente como personal.
Incluso Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió al mandatario reconsiderar su reincorporación; mientras que Manuel Velasco, líder del PVEM en el Senado, fue más lejos: exigió su renuncia.
El episodio abre una fractura política alrededor del mandatario sinaloense y coloca el caso nuevamente en el centro de la relación México-Estados Unidos, pues Rocha enfrenta una acusación estadounidense que él rechaza y califica de políticamente motivada.
Rocha Moya regresa después de 112 días
Rocha anunció por la mañana su reincorporación mediante un mensaje difundido en redes sociales.
Había dejado temporalmente la gubernatura a principios de mayo, después de que autoridades estadounidenses formularon acusaciones en su contra y contra otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.
El mandatario argumentó que había solicitado licencia para facilitar las investigaciones mexicanas y evitar que su permanencia en el cargo fuera utilizada para cuestionar su desarrollo.
Este viernes sostuvo que regresaba con la conciencia tranquila y reivindicó el mandato recibido en las urnas para concluir su periodo constitucional.
Pero la FGR no ha declarado cerrado el caso.
Ese punto resultó determinante para que el Gobierno federal y el propio bloque político del gobernador rechazaran interpretar su regreso como una exoneración.
Segob: regresar fue decisión personal; investigaciones siguen abiertas
Uno de los deslindes más relevantes vino directamente del Gobierno federal.
La Secretaría de Gobernación informó que la reincorporación de Rocha Moya fue una decisión de carácter personal y subrayó que las investigaciones de la FGR relacionadas con las acusaciones en su contra continúan abiertas.
La precisión fue políticamente significativa: el Ejecutivo federal evitó asumir como propia la decisión del gobernador y, al mismo tiempo, dejó claro que su regreso al despacho estatal no significa que las investigaciones hayan concluido.
El mensaje desmontó así la posibilidad de interpretar la reincorporación como resultado de un acuerdo con Palacio Nacional.
Morena también se desmarca: “decisión personal”
La dirigencia nacional de Morena siguió prácticamente la misma línea.
El Comité Ejecutivo Nacional informó que no tuvo conocimiento previo de la determinación del gobernador y aseguró que la reincorporación correspondió exclusivamente a Rocha Moya.
El deslinde resulta especialmente relevante porque Rocha no sólo gobierna una entidad bajo las siglas de Morena, sino que durante meses había recibido respaldo político de integrantes del movimiento frente a los señalamientos procedentes de Estados Unidos.
Ahora, la narrativa cambió.
De la defensa política frente a las acusaciones externas, el oficialismo pasó a separar responsabilidades y dejar la decisión exclusivamente en manos del gobernador.
Diputados de Morena le piden reconsiderar
En San Lázaro, el golpe político fue todavía más explícito.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a Rocha reconsiderar su regreso mientras permanezcan abiertas las investigaciones.
Monreal planteó que el gobernador debería reflexionar sobre la conveniencia de continuar en funciones hasta que la FGR termine sus indagatorias.
El posicionamiento colocó al jefe de la mayoría morenista en la Cámara baja del lado de quienes consideran que, independientemente de la legalidad de la reincorporación, existe un problema político mientras las investigaciones continúen.
Senadores de Morena: fue un acto “personal e individual”
La bancada de Morena en el Senado también tomó distancia.
Los senadores calificaron la reincorporación como un acto “personal e individual”, del mismo modo que consideraron personal la decisión de Rocha de solicitar licencia meses atrás.
Además, dejaron en manos de las autoridades ministeriales el curso de las investigaciones.
Con ello, tanto diputados como senadores del partido gobernante evitaron cerrar filas alrededor del mandatario.
El Verde endurece postura: Velasco exige que renuncie
El deslinde más severo dentro de los aliados de Morena llegó del Partido Verde.
El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, calificó de imprudente la reincorporación y afirmó que su bancada no respalda la determinación.
Velasco incluso exigió la renuncia de Rocha Moya.
La postura del Verde eleva el costo político para el mandatario sinaloense porque proviene de uno de los partidos que integran el bloque legislativo que sostiene al Gobierno federal.
Ya no se trata, por tanto, únicamente de críticas de PAN, PRI o Movimiento Ciudadano: el cuestionamiento alcanzó al círculo de aliados parlamentarios de Morena.
PT pide atender cualquier requerimiento judicial
El Partido del Trabajo adoptó una posición menos estridente que el Verde, pero tampoco ofreció un respaldo político irrestricto.
Desde su bancada en la Cámara de Diputados, el PT llamó a Rocha a atender cualquier requerimiento de las autoridades relacionado con las investigaciones y reiteró la línea expresada previamente por el partido de no defender a personas vinculadas con actos de corrupción o delincuencia cuando existan elementos que deban investigarse.
Así, los tres partidos que integran el bloque oficialista —Morena, PT y PVEM— quedaron lejos de construir una defensa común del regreso del sinaloense.
23 gobernadores de la 4T también le marcan distancia
La presión aumentó desde los estados.
Veintitrés gobernadoras y gobernadores identificados con la Cuarta Transformación difundieron un pronunciamiento conjunto en el que respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y pidieron a Rocha actuar con “madurez y responsabilidad”.
El mensaje volvió a colocar el énfasis en que los intereses individuales o de grupo no pueden estar por encima del proyecto nacional.
Aunque el posicionamiento evitó exigir directamente la salida del mandatario, políticamente representó otro deslinde.
Rocha quedó así sin el cierre de filas que tradicionalmente acompaña a los gobernadores oficialistas frente a ofensivas de la oposición.
¿Por qué Rocha Moya dejó originalmente el Gobierno de Sinaloa?
El origen de la crisis se remonta al 29 de abril de 2026, cuando autoridades de Estados Unidos hicieron pública una acusación contra Rocha Moya y otras nueve personas.
De acuerdo con la acusación estadounidense, funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa habrían participado presuntamente en una estructura vinculada con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.
Rocha ha negado reiteradamente las imputaciones.
Tras conocerse el caso solicitó licencia al Congreso sinaloense y se separó temporalmente del cargo mientras la FGR realizaba sus propias investigaciones.
Durante su ausencia, Yeraldine Bonilla Valverde quedó al frente del Ejecutivo estatal.
El regreso es legal, sostiene Congreso de Sinaloa
Pese a la tormenta política, desde el Congreso local se sostuvo que la reincorporación no necesitaba una nueva votación.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso sinaloense, Eligio López Portillo, explicó que la notificación enviada por Rocha sería turnada a la Diputación Permanente para su lectura y que no era necesaria una sesión extraordinaria para autorizar su regreso.
Esto separa dos planos de la crisis.
En términos constitucionales locales, Rocha pudo reasumir el cargo tras concluir su licencia.
En términos políticos, sin embargo, lo hizo bajo el rechazo o distanciamiento de buena parte de su propio bloque.
Rocha vuelve al Palacio de Gobierno
Tras anunciar su retorno, Rocha reapareció públicamente en Culiacán y retomó actividades como gobernador.
El Gobierno estatal volvió a identificarlo oficialmente como Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, mientras Yeraldine Bonilla regresó a la Secretaría General de Gobierno.
El mandatario sostiene que puede continuar gobernando y que los señalamientos formulados desde Estados Unidos no han sido acreditados ante las autoridades mexicanas.
La FGR, sin embargo, mantiene investigaciones abiertas, según confirmó Gobernación.
El factor Estados Unidos vuelve a pesar sobre Sinaloa
La reincorporación rebasa la política estatal.
La acusación estadounidense convirtió desde abril el caso Rocha Moya en un asunto sensible para la relación bilateral, particularmente en momentos en que Washington mantiene una elevada presión sobre México por el combate a los cárteles.
Reuters reportó que fiscales estadounidenses acusan al mandatario de una presunta conspiración relacionada con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, mientras Rocha rechaza las imputaciones y sostiene que tienen motivaciones políticas.
Su regreso puede aumentar la presión sobre el Gobierno mexicano, que enfrenta simultáneamente el reto de defender la soberanía jurídica del país y mantener la cooperación de seguridad con Washington.
De aliado defendido a gobernador aislado
La imagen política que dejó el 21 de agosto fue contundente.
Rocha recuperó formalmente el Gobierno de Sinaloa, pero perdió buena parte del paraguas político que podría haber acompañado su regreso.
Segob se deslindó. Morena se deslindó. Los senadores morenistas calificaron la decisión como personal. Monreal pidió reconsiderarla. El Verde exigió su renuncia. El PT demandó que atienda cualquier requerimiento legal y 23 gobernadores de la 4T le reclamaron madurez y responsabilidad.
No existe hasta ahora una resolución judicial mexicana que establezca la responsabilidad penal de Rocha por las acusaciones estadounidenses, y el gobernador mantiene su presunción de inocencia.
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