Especialistas, legisladores y organizaciones laborales alertaron sobre abusos, explotación, trata y restricciones a la movilidad que enfrentan trabajadores mexicanos contratados temporalmente en Estados Unidos y Canadá.
Durante un ciclo de mesas organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, se advirtió que los programas de movilidad laboral presentan deficiencias que pueden colocar a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad frente a empleadores y reclutadores.
La Comisión, presidida por el diputado Pedro Vázquez González, del PT, inició la revisión de los programas de Trabajadores Agrícolas Temporales, de Extranjeros Temporales y de las visas estadounidenses H-2A y H-2B.
“La movilidad laboral debe ser una vía para generar oportunidades y desarrollo, no una puerta de entrada a la vulnerabilidad o a la explotación”, afirmó Vázquez González.
El legislador informó que los planteamientos recogidos serán integrados en un informe que servirá para formular recomendaciones regulatorias, administrativas y de política pública.
Denuncian fallas estructurales en visas H-2
Rachel Micah-Jones, directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante, advirtió que los programas de visas H-2 presentan “fallas estructurales graves” que facilitan situaciones de abuso y explotación.
Explicó que uno de los principales problemas es que las visas están vinculadas directamente con un empleador, lo que genera un desequilibrio de poder.
De acuerdo con la especialista, esa dependencia puede dejar al trabajador expuesto a perder su autorización laboral y su condición migratoria en caso de conflicto con el patrón.
Acusan engaños y endeudamiento desde el reclutamiento
Marissa Montes, directora de la Clínica de Justicia para Migrantes de Loyola, señaló que parte de los abusos comienza desde las comunidades de origen.
Explicó que trabajadores provenientes de zonas campesinas pueden ser reclutados mediante engaños y, al llegar a sus destinos, enfrentar supuestas deudas por transporte, visas, alimentación y alojamiento.
Enrique González Araiza, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, agregó que existen casos en los que empleadores o supervisores retienen documentos de identidad para impedir que los trabajadores abandonen el empleo.
También señaló que la imposibilidad de cambiar de patrón puede derivar en condiciones de inmovilidad laboral forzada.
Advierten muertes por falta de agua y sombra
Teresa Romero, presidenta del sindicato United Farm Workers, denunció que trabajadores agrícolas han muerto debido a que algunos empleadores no garantizan acceso suficiente a agua o zonas de sombra.
Subrayó que migrar para apoyar económicamente a las familias no debe implicar poner en riesgo la salud o la vida.
Planteó que México y Estados Unidos deben impulsar conjuntamente mecanismos de protección para los trabajadores temporales.
Reportan irregularidades en auditorías a granjas
El activista laboral Jorge Mújica señaló que, según datos que atribuyó al Departamento del Trabajo de Estados Unidos, alrededor del 70 por ciento de las auditorías realizadas a granjas con trabajadores H-2A han detectado infracciones relacionadas con salarios y vivienda.
Mújica cuestionó además cualquier intento por normalizar o regular prácticas de intermediación que terminen favoreciendo el llamado “coyotaje” laboral.
Piden eliminar permisos ligados a un solo patrón
Max Correa Hernández, de la Central Campesina Cardenista de la UFCW-Canadá, propuso eliminar los permisos laborales cerrados que vinculan a los trabajadores con un empleador específico.
También planteó reformar los permisos abiertos destinados a trabajadores en condición de vulnerabilidad y garantizar plenamente la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva.
Daniel Rangel, de Rethink Trade del American Economic Liberties Project, advirtió que, pese a los mecanismos laborales contemplados en el T-MEC, los trabajadores migrantes continúan en condiciones de desprotección en Estados Unidos y Canadá.
Piden fortalecer consulados y coordinación federal
La diputada Claudia Selene Ávila Flores, de Morena, consideró necesario revisar la capacidad de la red consular mexicana.
Señaló que las necesidades varían de acuerdo con la concentración de población mexicana en ciudades y estados de Estados Unidos, por lo que planteó elaborar un diagnóstico que permita determinar dónde deben ampliarse servicios y presupuesto.
Roselia Suárez Montes de Oca, también de Morena, llamó a establecer una ruta conjunta entre las secretarías de Gobernación, Trabajo y Previsión Social y Relaciones Exteriores.
La diputada Maribel Solache González sostuvo que la problemática de los trabajadores temporales no debe analizarse de manera aislada, sino como parte de una estrategia integral de protección consular.
SRE defiende movilidad ordenada y segura
Fátima Gabriela Ríos González, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sostuvo que el Gobierno mexicano busca impulsar una movilidad laboral ordenada, regular y segura.
Afirmó que los consulados brindan orientación sobre derechos laborales, condiciones de trabajo, acceso a servicios y mecanismos para presentar quejas o solicitar asistencia.
Rubén Hernández-León, director del Instituto Latinoamericano de la Universidad de California en Los Ángeles, señaló que la migración mexicana hacia Estados Unidos no se ha detenido y que las vías de estancia temporal legal se han ampliado mediante el sistema de visas H-2.
Plantean una reforma migratoria por etapas
Áaron Ortíz Santos, de Immigration Advocacy Law Group, planteó avanzar hacia una reforma migratoria modular ante la falta de acuerdos amplios en el Congreso estadounidense.
Propuso atender por separado componentes relacionados con reunificación familiar, residentes de larga duración, trabajadores esenciales, personas que llegaron siendo menores y movilidad regional.
Preparan recomendaciones para proteger a migrantes
La Comisión de Relaciones Exteriores anunció que sistematizará los testimonios y propuestas presentados durante las mesas.
El objetivo será entregar recomendaciones a las dependencias federales competentes para reforzar la protección jurídica, laboral y consular de los mexicanos que trabajan temporalmente en Estados Unidos y Canadá.
Para los participantes, el reto central será evitar que los programas de movilidad laboral que permiten cubrir vacantes en América del Norte se conviertan en mecanismos que faciliten abusos, explotación o trata de trabajadores mexicanos.
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