El consejero electoral Arturo Castillo advirtió que México podría llegar a la elección del 6 de junio de 2027 con los votos formalmente contados, pero con resultados cuestionados y una crisis de legitimidad política e institucional.
Durante la sesión de inicio formal del Proceso Electoral Federal 2026-2027, Castillo sostuvo que las condiciones actuales configuran, desde su perspectiva, “el escenario perfecto para una elección cuestionada”.
“México podría llegar al 6 de junio de 2027 con votos contados, pero con resultados cuestionados, y ese sería un fracaso político institucional del que nadie puede declararse ajeno”, alertó.
El consejero afirmó que ese escenario no deriva de un solo factor, sino de una combinación de incumplimientos partidistas, restricciones presupuestales y debilitamiento de las capacidades de vigilancia y arbitraje del propio Instituto Nacional Electoral.
“Estos factores que acabo de mencionar constituyen, a mi juicio, el escenario perfecto para una elección cuestionada”, sostuvo.
Castillo señaló que aún existe margen para corregir el rumbo, pero advirtió que ello exige responsabilidades concretas de partidos, gobiernos, legisladores y autoridades electorales.
“La salida exige que los partidos respeten la ley, que los gobiernos actúen con absoluta neutralidad, que la Cámara de Diputados garantice los recursos necesarios y que el INE recupere su capacidad de arbitrar y de rendir cuentas”, afirmó.
Y lanzó una advertencia directa frente a los riesgos que, dijo, ya son visibles desde el arranque del proceso.
“Que nadie diga después que no conocía los riesgos”, señaló.
Acusa a partidos de adelantar campañas
Castillo identificó como primer factor de riesgo el comportamiento de los partidos políticos y de sus aspirantes, a quienes reprochó no ajustarse a las reglas electorales que ellos mismos aprobaron.
“La mayoría de los partidos políticos han mostrado que no están dispuestos a sujetarse a las leyes que ellos mismos diseñaron”, afirmó.
Sostuvo que algunas fuerzas políticas han trasladado al árbitro electoral la responsabilidad por sus propios incumplimientos y han adelantado actividades electorales antes de los tiempos legales.
“Han preferido, en cambio, transferir al árbitro la responsabilidad de su propio incumplimiento”, señaló.
El consejero afirmó que algunos aspirantes incluso han reconocido públicamente actividades de campaña antes del inicio formal del proceso.
“Algunos de sus aspirantes a candidatos incluso presumen que llevan 75 días en campaña antes de haber iniciado el proceso electoral”, dijo.
Castillo también cuestionó que partidos políticos critiquen posteriormente al Instituto cuando éste intenta imponer límites derivados de la Constitución y la legislación electoral.
Advirtió además que esos comportamientos pueden impactar directamente en la equidad de la contienda y alimentar posteriores cuestionamientos sobre la legitimidad del resultado.
Más atribuciones y menos presupuesto
El segundo factor señalado por Castillo fue la relación entre las responsabilidades crecientes del INE y los recortes presupuestales que, aseguró, han afectado al organismo durante los últimos años.
“La creciente tendencia de otros poderes del Estado a transferir al INE cada vez más atribuciones, incluso aquellas que no le tocan, pero otorgarle cada vez menos presupuesto”, expuso.
Recordó que desde las reformas electorales de 2013 el Instituto amplió significativamente sus funciones.
Además de organizar y fiscalizar elecciones federales, agregó, participa en procesos electorales locales, mecanismos de participación ciudadana y ha asumido nuevas responsabilidades relacionadas con transparencia de los partidos políticos nacionales y locales.
Castillo sostuvo que esa ampliación de funciones no ha sido acompañada por recursos suficientes.
“Desde hace nueve años, las fuerzas mayoritarias en la Cámara de Diputados han hecho recortes hasta del 40 por ciento al presupuesto del Instituto, en detrimento de la calidad de nuestras elecciones”, afirmó.
Advirtió que, ante el anteproyecto presupuestal del siguiente ejercicio, existe la posibilidad de que esa situación vuelva a repetirse.
Para el consejero, una disminución de recursos no sólo representa un problema administrativo, sino que puede traducirse en menores capacidades operativas, técnicas y de vigilancia durante un proceso de alta complejidad.
“El INE parece haber claudicado”
Castillo reservó su mayor crítica para la actuación del propio Instituto y sostuvo que ese es, en su opinión, el factor más grave.
“El INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones”, afirmó.
El consejero acusó que durante los últimos meses el árbitro electoral ha dejado de ejercer eficazmente algunas de las facultades destinadas a garantizar el cumplimiento de las reglas.
“El árbitro ha renunciado a vigilar que los partidos políticos se sujeten a los tiempos electorales”, señaló.
También reprochó que no se hayan frenado de manera suficiente conductas relacionadas con la intervención de gobiernos y partidos en actividades vinculadas al proceso electoral.
De acuerdo con Castillo, esas decisiones no responden al desconocimiento de las normas, sino a una renuncia institucional a garantizar su cumplimiento de manera efectiva.
“No porque desconozca la norma, sino porque renunció a vigilar eficazmente su cumplimiento”, afirmó.
El consejero advirtió que esas omisiones pueden impactar directamente en dos componentes esenciales de cualquier elección: la equidad de la competencia y la confianza ciudadana en el resultado final.
“Estas decisiones afectarán directamente la equidad de la contienda y la confianza en los resultados de la elección”, sostuvo.
Cuestiona cambios internos en el Instituto
Castillo también puso bajo cuestionamiento las modificaciones realizadas en la estructura operativa del INE.
Señaló que durante este año se han realizado nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin el consentimiento del Consejo General.
“Se ha nombrado sin el consentimiento de este Consejo General a nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas”, afirmó.
Además, cuestionó que algunas designaciones pudieran no cumplir con los requisitos establecidos por la legislación y denunció que se han registrado despidos dentro del Instituto.
El consejero sostuvo que las consejerías no cuentan todavía con toda la información sobre perfiles y niveles de ocupación de diversas áreas.
También acusó obstáculos internos para acceder a información relevante.
“Las áreas del Instituto han bloqueado activamente el acceso a la información a las consejerías”, señaló.
Castillo mencionó además la falta de respuestas ante consultas relacionadas con el cumplimiento de funciones y con la información recabada por delegaciones del Instituto sobre procesos políticos anticipados.
Afirmó que ese tipo de omisiones dañan la capacidad institucional del órgano electoral para supervisarse y corregir fallas.
“Estas omisiones y negativas minan seriamente la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional para corregir los procesos”, advirtió.
Llama a gobiernos a actuar con neutralidad
Frente a ese diagnóstico, Castillo insistió en que todavía es posible evitar que las elecciones de 2027 desemboquen en una disputa generalizada sobre su legitimidad.
“Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo”, sostuvo.
Sin embargo, condicionó esa posibilidad a un mayor nivel de responsabilidad política, cumplimiento legal y capacidad autocrítica de todos los actores involucrados.
El consejero pidió a los partidos sujetarse a las normas electorales y a los gobiernos mantenerse al margen de la competencia.
También demandó a la Cámara de Diputados garantizar recursos suficientes para la operación del Instituto y al propio INE recuperar capacidades de control y rendición de cuentas.
“Se requiere un alto grado de crítica, responsabilidad política y compromiso con la legalidad por parte de todos los actores”, señaló.
Castillo afirmó que la responsabilidad por una eventual crisis postelectoral no podría atribuirse únicamente al árbitro, sino que involucraría a partidos, legisladores, gobiernos y autoridades.
Más de 100 millones podrán votar
El consejero recordó que el proceso electoral que inició este 10 de septiembre contempla la renovación de las 500 diputaciones federales y será concurrente con miles de cargos locales.
“El INE da el banderazo de salida a la contienda para elegir 500 diputaciones federales en un ciclo electoral concurrente con la renovación de 19 mil 609 cargos locales, entre ellos 17 gubernaturas”, expuso.
Señaló que poco más de 101 millones de mexicanas y mexicanos podrán expresar su voto y definir la integración de los distintos órganos de representación.
Castillo abrió su intervención señalando que el inicio de un proceso electoral normalmente representa un motivo de celebración por tratarse del comienzo de un nuevo ciclo de renovación democrática del poder público.
Sin embargo, sostuvo que en esta ocasión las condiciones de arranque obligan también a encender alertas.
“El inicio de un proceso electoral siempre es motivo de celebración, marca el punto de partida de un nuevo ciclo de renovación pacífica y democrática del poder público”, dijo.
Pero inmediatamente matizó:
“El proceso electoral 26-27 también es motivo de gran preocupación”.
Para Castillo, la prueba central no será únicamente que el INE logre instalar casillas, recibir votos y realizar los cómputos, sino que los resultados finales conserven credibilidad y legitimidad.
Por ello, cerró con un llamado a asumir desde ahora los riesgos institucionales.
“Hoy podemos demostrar que las instituciones mexicanas son capaces de asumir su responsabilidad y estar a la altura de lo que les demandan el pueblo y la nación”, concluyó.
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