El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del PT, anunció que insistirá en aprobar antes del Paquete Económico una reforma al Buró de Crédito que reduzca de seis a tres años la permanencia de historiales negativos y obligue a bancos y empresas a reportar de inmediato cuando una deuda haya sido liquidada.
El legislador acusó que existen fuertes presiones de grupos de interés para frenar los cambios y mantener lo que calificó como una “muerte civil financiera” para millones de mexicanos que, aun después de pagar sus adeudos, continúan con restricciones para acceder nuevamente al crédito.
“Hay presiones muy fuertes de grupos de interés que quieren que todo quede igual y que siga la muerte civil financiera para millones de mexicanos y no la segunda oportunidad”, sostuvo.
Mejía Berdeja dijo que buscará que la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictamine la reforma antes de la aprobación del paquete fiscal.
Quieren obligar a bancos y empresas a reportar deudas pagadas
Entre los cambios planteados está obligar a bancos, compañías telefónicas y establecimientos comerciales a informar inmediatamente al Buró de Crédito cuando un usuario haya liquidado su adeudo.
De incumplir esta obligación, explicó, la Procuraduría Federal del Consumidor podría imponer sanciones.
Además, planteó establecer una ventanilla específica para que los usuarios puedan presentar aclaraciones y conocer con mayor facilidad su situación crediticia.
“Pueden pasar años y nunca notifican al Buró que ya la deuda está liquidada”, reprochó.
El punto que genera mayor resistencia, agregó, es reducir de seis a tres años el periodo en que permanece un historial negativo.
“¿Qué necesidad es seguirlos afectando? Es como una revancha, es como un estigma”, señaló.
Acusa opacidad y presiones de la banca
El diputado sostuvo que los burós de crédito operan con poca transparencia y aseguró que esa situación termina expulsando a ciudadanos del sistema financiero formal.
“Es como un hoyo negro de la economía nacional”, afirmó.
Advirtió que quienes no pueden regresar al sistema bancario terminan recurriendo a prestamistas, agiotistas o casas de empeño.
Mejía Berdeja aclaró que su propuesta no busca promover una cultura de incumplimiento, sino permitir una segunda oportunidad a quienes ya saldaron sus compromisos financieros.
“No estamos de acuerdo en que se convierta en una letra escarlata, perpetuidad y que inhibe a millones de mexicanos una segunda oportunidad financiera cuando ya liquidaron sus adeudos”, expresó.
También cuestionó la oposición de sectores bancarios, al señalar que la banca ha obtenido utilidades superiores a 300 mil millones de pesos mediante comisiones y créditos de nómina.
Avanza ley para combatir corrupción inmobiliaria
En otro tema, Mejía Berdeja informó que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside, recibió la Ley General para la Actualización del Catastro y los Registros.
El diputado afirmó que la propuesta busca cerrar espacios a la corrupción inmobiliaria, las dobles ventas, los despojos y otras irregularidades en catastros y registros públicos de municipios y alcaldías.
Explicó que ya se trabaja en un predictamen que podría ser discutido en comisión la próxima semana y enviado al Pleno hacia finales de septiembre.
H3: Plantean clave única inmobiliaria y digitalización
La iniciativa contempla homologar y digitalizar los sistemas registrales y catastrales, así como crear una clave única inmobiliaria para identificar los bienes y reducir operaciones sobrepuestas.
Mejía Berdeja negó que la propuesta tenga como objetivo aumentar impuestos y sostuvo que busca mejorar la certeza sobre la propiedad y fortalecer la recaudación municipal.
“Esto va a ayudar a que no haya operaciones irregulares, dobles ventas, despojos”, afirmó.
Añadió que catastros más ordenados permitirían a los municipios mejorar el cobro del predial y reducir prácticas de corrupción y coyotaje.
Prevén llevar dictamen al Pleno a finales de septiembre
El legislador dijo que espera convocar a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción la próxima semana para avanzar en la discusión.
Su objetivo, señaló, es que el dictamen pueda llegar al Pleno antes de que concluya septiembre.
La reforma, añadió, no sustituiría títulos de propiedad, pero permitiría contar con registros más claros, uniformes y actualizados sobre los bienes inmuebles en el País.
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